SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0563/2016-S2

Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal. Lo propio si está referido a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa, o relacionado al debido proceso, casos en los cuales se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la causa en ese momento procesal, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad, sólo en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, o restricción a la libertad física” (las negrillas nos corresponden).

En virtud a la jurisprudencia constitucional precedentemente glosada, es viable concluir que la acción de libertad no es un mecanismo sustitutivo de los medios de protección previstos por el ordenamiento jurídico, por lo que el sujeto titular del derecho conculcado, previo activar el presente mecanismo constitucional, tiene el deber y la obligación de acudir y agotar todos los mecanismos de protección establecidos en el ordenamiento jurídico y, de persistir el acto, se encuentra facultado para activar la presente acción de defensa.