SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0311/2016-S2

Con relación a la interpretación de la legalidad en sede constitucional, la SCP 0086/2016-S2 de 15 de febrero, citando a la SCP 0756/2015-S2 de 8 de julio, señaló que: “‘Si bien la interpretación de la legalidad ordinaria debe ser labor de la jurisdicción común, corresponde a la justicia constitucional verificar si en esa labor interpretativa no se han quebrantado los principios constitucionales informadores del ordenamiento jurídico, entre ellos, los de legalidad, seguridad jurídica, igualdad, proporcionalidad, jerarquía normativa y debido proceso; principios a los que se hallan vinculados todos los operadores jurídicos de la nación; dado que compete a la jurisdicción constitucional otorgar la protección requerida, a través de las acciones de tutela establecidas en los arts. 18 y 19 de la Constitución, ante violaciones a los derechos y garantías constitucionales, ocasionadas por una interpretación que tenga su origen en la jurisdicción ordinaria, que vulnere principios y valores constitucionales.

Del modo explicado en el párrafo anterior, se entiende que las reglas y subreglas contenidas en la doctrina de las auto restricciones de la jurisdicción constitucional, respecto al canon de interpretación de la legalidad ordinaria, así como la valoración integral de la prueba, son instrumentos al servicio de la persona que crea sus derechos vulnerados, que bien utilizados redundará en una mejor comprensión del tema por parte de la jurisdicción constitucional y con ello mayores posibilidades de concesión de la tutela requerida, por ello su buen uso deviene en una ventaja procesal; mientras que para el Tribunal Constitucional Plurinacional, son herramientas de verificación de la legalidad y constitucionalidad de las resoluciones judiciales; pero en ningún caso se pueden aplicar para rechazar o denegar la activación de la jurisdicción constitucional por el sólo hecho de no haber sido nombradas en el memorial de amparo’.

De lo expuesto, se tiene que si bien por regla general, la interpretación de la legalidad ordinaria le corresponde a los tribunales de justicia y no a la justicia constitucional; sin embargo, ante la evidencia de violación de derechos y garantías previstos en la Constitución Política del Estado, excepcionalmente la justicia constitucional puede ingresar a valorar esta actividad con el objeto de otorgar una tutela constitucional efectiva; a este objeto, en principio la jurisprudencia impuso al accionante el deber de precisar por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, identificando las reglas de interpretación que fueron omitidas por el órgano judicial y precisando los derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, identificando el nexo de causalidad entre éstos y la interpretación impugnada, bajo sanción de denegatoria en caso de omitir dichas exigencias; empero, ahora estas denominadas auto restricciones se flexibilizaron, siendo suficiente una explicación clara y coherente de la cual se pueda evidenciar las vulneraciones alegadas”.