SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0518/2016-S1
Fecha: 09-May-2016
denegó
La Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 05/2016 de 15 de enero, cursante de fs. 260 a 262, denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: a) El Código Procesal Civil previa a su aprobación en su disposición transitoria segunda establecía la vigencia anticipada de varias normas, entre ella se encontraba “La recusación y excusa previstas en los artículos 347 al 356” (sic); b) La accionante formuló su excusa el 11 de diciembre de 2013, al amparo del art. 3.3 de la Ley de Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar (LAPCAF) y el art. 252 del Código Procesal del Trabajo (CPT), sin tomar en cuenta lo previsto en la disposición transitoria segunda del Código Procesal Civil vigente desde el 19 de noviembre de 2013; c) Si la impetrante de tutela consideró que la Resolución 19/2014, vulneró sus derechos, debió haber dirigido la acción de defensa contra ese acto, y al no haberlo hecho convalidó tal actuación; d) Las Resoluciones emitidas están debidamente fundamentadas y motivadas, puesto que la Jueza demandada, estableció que Antonieta Rosario San Martín, se excusó de conocer el proceso y que dicha excusa fue declarada ilegal por la Sala Social y Administrativa Primera mediante Auto 19/2014, dando lugar al inicio del proceso disciplinario administrativo seguido en su contra; y, e) La declaratoria de legalidad o ilegalidad de la excusa corresponde a la instancia jurisdiccional jerárquicamente superior, ya que la jurisdicción disciplinaria no es competente para revisar resoluciones jurisdiccionales, por lo que, la prueba exhibida por la accionante en el mencionado proceso fue irrelevante, ya que la misma debió ser presentada como prueba ante la autoridad jurisdiccional competente.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
- a)
- 1)
- i)
- denegó
- II.1.
- II.2.
- excusas y recusaciones
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- II.7.
- III.1. Sobre los principios ético morales de la sociedad plural y los valores que sustenta el Estado boliviano
- Fragmento 16
- III.2. Naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional
- El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones
- El debido proceso legal, proceso justo o simplemente debido proceso (así como el derecho de acción, de contradicción) es un derecho humano fundamental que tiene toda persona y que le faculta a exigir del Estado un juzgamiento imparcial y justo, ante un juez responsable, competente e independiente, pues, él «Estado no sólo está obligado a proveer la prestación jurisdiccional (cuando se ejercitan los derechos de acción y contradicción) sino a proveerla bajo determinadas garantías mínimas que le aseguren tal juzgamiento imparcial y justo»
- a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado
- III.4. Análisis del caso concreto