SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0602/2016-S1

Giovanna Sheila Bravo de Aguilar, Gerente-Propietaria de la empresa “Servicios y Vigilancia Privada B-S”, mediante informe presentado el 4 de enero de 2014, cursante de fs. 43 a 44 y vta., manifestó que: a) Las supuestas lesiones a los derechos fundamentales y garantías constitucionales, deben ser reparadas en la jurisdicción ordinaria y sólo en defecto de estas, ante una evidente vulneración, se puede activar la jurisdicción constitucional, por lo que no procede esta última, mientras no se hayan agotado los recursos ordinarios o administrativos; b) La excepción a la subsidiaridad, para plantear de manera directa la acción de amparo constitucional, puede operar en caso de acciones de hecho de autoridades o particulares, que provocan daño irreversible o irreparable en los derechos fundamentales, situación que no fue acreditada; c) En el presente caso, estamos ante un hecho que supuestamente ocurrió el 26 de noviembre de 2014, oportunidad en la que se le habría otorgado incapacidad por un día, de manera que resulta improcedente pedir retorno al trabajo y pago de subsidios y otros beneficios, después de haber abandonado su trabajo por un año y dos meses, sin haber accionado oportunamente las vías legales pertinentes; y d) La accionante, no acreditó en que momento fue despedida injustificadamente, por lo que el Tribunal de garantías no puede ingresar en el análisis de la problemática porque tampoco se acreditó las medidas de hecho. En base a estos antecedentes, solicitó denegar la tutela.