SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0603/2016-S1

Sucre, 30 de mayo de 2016

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA

Magistrado Relator: Dr. Macario Lahor Cortez Chavez

Acción de amparo constitucional

Expediente: 14161-2016-29-AAC

Departamento: Chuquisaca

En revisión la Resolución 16/2016 de 1 de marzo, cursante de fs. 327 a 331, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Edwin Lucio Landívar Carraffa, por si y en representación legal de Maria Leonor Landívar Vda. de Camacho, Rosario Eugenia, Gloria Yesmin y Héctor Ramiro, todos ellos Landívar Carraffa contra Rita Susana Nava Durán y Rómulo Calle Mamani, Presidenta y Magistrado, respectivamente, de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Los accionantes mediante memorial presentado el 3 de febrero de 2016 y el de subsanación de 12 de igual mes y año, cursantes de fs. 221 a 247 y 252 a 261, expresaron los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Refieren que el 3 de agosto de 2007, en su condición de legítimos propietarios del inmueble ubicado en la prolongación calle “Sucre, Villa Pabón”, con una superficie de 300 m², interpusieron demanda de acción reivindicatoria, acción negatoria y resarcimiento de daños y perjuicios en contra de Natividad Colque Quispe, misma que la contestó negativamente.

Tramitada la causa en el Juzgado Cuarto de Partido Civil y Comercial del departamento de La Paz, se pronunció la Sentencia “248/2008” de 8 de diciembre de 2009, declarando probada la demanda con relación a la reivindicación y acción negatoria e improbada la reconvención y las excepciones perentorias interpuestas, disponiendo que en ejecución de sentencia la demandada les entregue el bien inmueble objeto de litigio; y, una vez interpuesto el recurso de apelación por la parte perdidosa, la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior de Justicia de La Paz, pronunció el Auto de Vista 240/2011 de 8 de agosto, confirmando el Fallo recurrido.

Contra dicha Resolución, Natividad Colque Quispe, interpuso recurso de casación en el fondo y en la forma, ante la cual, la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Auto Supremo 1046/2015-L de 16 de noviembre, declaró improcedente el recurso de casación en la forma y casando en el fondo el Auto de Vista impugnado que declaró improbada la demanda de acción reivindicatoria, acción negatoria y resarcimiento de daños y perjuicios, declarando a su vez probada la demanda reconvencional sobre usucapión, otorgando el derecho de propiedad a Natividad Colque Quispe.

Dicho Auto Supremo, cambió radicalmente la situación procesal de las partes en base a disposiciones contradictorias, interpretación errónea y aplicación indebida de la ley con relación al art. 1453 del Código Civil (CC), además de una equivocada valoración de la prueba, incurriendo en error de hecho y de derecho; conteniendo la referida decisión, defectos legales de relevancia constitucional; puesto que, no fundamentó las razones de la mencionada decisión, asimismo no consideró que el recurrente no realizó oportunamente sus reclamos dejándolos precluir por su inactividad; de igual forma, no se resolvió el recurso de casación de una manera adecuada, toda vez que, sobre el inmueble que se estableció la decisión judicial es diferente al inmueble objeto de la demanda principal, sin especificar cuál de los dos bienes debe entregarse al recurrente, limitándose a señalar que no se cumplió con lo previsto por el art. 250 del Código de Procedimiento Civil abrogado (CPCabrg.) siendo contradictorio, incongruente e impreciso; omitiendo pronunciarse respecto a todos los aspectos demandados y pronunciándose sobre otros que no fueron objeto de la demanda y menos del recurso de casación, lo que constituye un actuar extra petita, denotando ausencia de fundamentación y motivación, al no señalar los motivos por los cuales cree que la parte recurrente hubiere cumplido con el animus y el corpus como requisitos de la usucapión; omitiendo motivar y fundamentar los motivos por los cuales no se consideraron los medios probatorios producidos en el proceso y por qué no efectuó una valoración conjunta e integral de toda la documental del proceso, limitándose a considerar de manera aislada la prueba de descargo, sin expresar las razones por las que no se pronunció respecto a la excepción de prescripción planteada.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Los accionantes, consideran lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación y defensa, a la tutela judicial efectiva, citando al efecto los arts. 115 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

I.1.3. Petitorio

Solicitaron se conceda la tutela y se deje sin efecto el Auto Supremo 1046/2015-L de 16 de noviembre, dictado por los Magistrados demandados, y se pronuncie un nuevo fallo, que resuelva el recurso de casación cumpliendo con la debida motivación y fundamentación con la exhaustividad necesaria; y, condenación de costas y gastos.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 1 de marzo de 2016, según consta en acta cursante de fs. 327 a 331, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Los accionantes a través de su abogada, en audiencia se ratificaron íntegramente en la demanda presentada, citando los antecedentes del proceso civil, señala que se pronunció la Sentencia “248/2008” de 8 de diciembre 2009, que declaró probada la demanda principal e improbada la pretensión de la contraparte, decisión que a pesar de ser apelada fue confirmada mediante Auto de Vista 240/2011 de 8 de agosto; empero, esta última decisión tras ser objeto de casación, ameritó el Auto Supremo 1046/2015 de 16 de noviembre; que si bien, declaró improcedente en la forma el recurso, resolvió casar en el fondo el referido Fallo, declarando improbada la demanda principal, y probada la demanda reconvencional, interpuesta por Natividad Colque Quispe.

Con dicha determinación, las autoridades demandadas, vulneraron varios principios y derechos, reflejando que la resolución cuestionada tiene una serie de defectos legales consistentes en: a) No dar respuesta a las denuncias de la recurrente; b) Omitir fundamentar y motivar adecuadamente su determinación; c) No otorgar debida certeza de lo resuelto; y, d) No haberse pronunciado respecto a todos los puntos cuestionados, emitiendo criterios ajenos a los solicitados.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Rita Susana Nava Durán y Rómulo Calle Mamani, Presidenta y Magistrado, respectivamente, de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, presentaron informe escrito de 29 de febrero de 2016, cursante de fs. 313 a 315 vta., manifestando que: 1) No es evidente la denuncia de falta de motivación; puesto que, fueron absueltos todos los puntos extrañados en el recurso de casación, dejando claramente establecidas las razones de la decisión; 2) La prueba acreditó que Natividad Colque “Quisberth” se encuentra en posesión del bien por más de diez años; 3) Más allá de las superficies se verificó que la reconvencionista se halla en posesión del inmueble por más de diez años y no fue interrumpido el cómputo de la prescripción con anterioridad a dicho plazo, tales elementos fueron fundamentales para emitir el Auto Supremo cuestionado; y, 4) Se debe considerar los principios de eficacia y de eficiencia que permiten remover los obstáculos procesales y obtener oportuno reconocimiento de derechos por las partes.

I.2.3. Informes de la tercera interesada

Natividad Colque Quispe, en calidad de tercera interesada, en audiencia manifestó que tiene posesión de la propiedad desde que vivía su madre que fue “empleada” de los padres y hermanos de los ahora accionantes.

I.2.4. Resolución

La Sala Civil, Comercial y Familiar Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 16/2016 de 1 de marzo, cursante de fs. 327 a 331, denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: i) Los accionantes no reclamaron respecto a la supuesta existencia de dos lotes diferentes mismos que no se habría considerado en sentencia; sin que dicho aspecto fuera apelado por los señalados; ii) El recurso de casación fue interpuesto por la tercera interesada y no así por los impetrantes de tutela, por lo que, los supuestos errores de falta de pronunciamiento sobre aspectos señalados en el recurso de casación, deben ser reclamados por la recurrente, siendo que todos los puntos alegados fueron resueltos por el Auto Supremo cuestionado; iii) No es atribución del Tribunal de garantías obligar a las autoridades demandadas a realizar una nueva valoración de la prueba; y, iv) Respecto a la omisión de valoración de los aspectos normativos y dogmáticos del instituto de la usucapión, se tiene que la reconvencionista señaló que su progenitora prestó servicios como empleada doméstica desde el año 1920, cumpliendo con el corpus y el animus; respecto a la titularidad, dicho aspecto no fue alegado por la recurrente.

II. CONCLUSIONES

Realizada la revisión y compulsa de los antecedentes que cursa en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Cursa Sentencia “248/2008” de 8 de diciembre de 2009, pronunciada por el Juez Cuarto de Partido Civil y Comercial del departamento de La Paz, que declaró probada la demanda principal, con relación a la acción reivindicatoria y acción negatoria e improbadas la reconvención y las excepciones perentorias, disponiendo que en ejecución de fallos, la demandada –Natividad Colque Quispe–, entregue el bien inmueble objeto de Litis a los actores, dentro del tercero día de ejecutoriada la misma; sin lugar a los resarcimientos de daños y perjuicios, al no haber sido demostrado en el curso del proceso y sin costas por ser juicio doble (fs. 93 a 97).

II.2. Consta recurso de apelación interpuesto por Natividad Colque Quispe de 23 de diciembre de 2009, en contra de la Resolución “248/2008” de 8 del precitado mes y año (fs. 123 a 130).

II.3. La Sala Civil Primera de la Corte Superior de Distrito de La Paz, ahora Tribunal Departamental de Justicia, pronunció el Auto de Vista 240/2011 de 8 de agosto, que confirmó la Sentencia apelada (fs. 138 a 141).

II.4. Cursa memorial de 5 de septiembre de 2011, por el que Natividad Colque Quispe, interpuso Recurso de Casación, en la forma y en el fondo, impugnando el Auto de Vista 240/2011 de 8 de agosto (fs. 143 a 149 vta.).

II.5. Por Auto Supremo 1046/2015-L de 16 de noviembre, pronunciado por Rita Susana Nava Durán y Rómulo Calle Mamani, Presidenta y Magistrado, respectivamente, de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, ahora codemandados, declararon Improcedente el recurso de casación en la forma y en aplicación de los arts. 271.4 y 274 del CPCabrg., se Casó el Auto de Vista 240/2011, y deliberando en el fondo se declaró improbada la demanda de acción reivindicatoria, acción negatoria y resarcimiento de daños y perjuicios; declarando probada la demanda reconvencional, otorgando el derecho de propiedad por usucapión decenal a favor de Natividad Colque “Quisbert”, respecto del bien inmueble con la superficie de 300 m², situado en la calle prolongación “Sucre y Villa Pabón”, con efecto extintivo en la propiedad de Edwin Lucio, Héctor Ramiro, Gloria Yesmin, Rosario Eugenia todos ellos de apellido Landívar Carraffa y María Leonor Landívar Vda. de Camacho, respecto de la matrícula 2.01.0.99.0077120 y tomando en cuenta que no se estableció los datos técnicos de frente y fondo, sobre la superficie de los 300 m², el “Juez en ejecución de Sentencia” (sic) debe realizar la pericia para determinar únicamente las medidas a razón de labrar la minuta pertinente (fs. 155 a 160 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes consideran lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación y defensa, al acceso a la justicia o tutela judicial efectiva; toda vez que, en la demanda ordinaria civil sobre acción reivindicatoria, acción negatoria y resarcimiento de daños y perjuicios que interpusieron en contra de Natividad Colque Quispe, y subsiguiente demanda reconvencional sobre usucapión decenal, fue pronunciada Sentencia declarando probada su demanda e improbada la reconvencional y las excepciones perentorias, siendo confirmada en apelación; sin embargo, las autoridades codemandadas, por Auto Supremo 1046/2015-L de 16 de noviembre, casando el Auto de Vista 240/2011 de 8 de agosto, revirtieron dicha decisión, declarando probada la demanda reconvencional sobre usucapión, con base a disposiciones contradictorias, interpretación errónea y aplicación indebida del art. 1453 del CC, valorando erradamente la prueba, sin realizar una apreciación conjunta e integral de la misma, limitándose a considerar de manera aislada la de descargo; omitiendo considerar la preclusión de los reclamos de la recurrente y que la decisión fue establecida sobre un inmueble diferente al del objeto de la demanda, restringiéndose a señalar que no se cumplió con el art. 250 del CPCabrg, siendo citra y extra petita; y, no señala los motivos por los que cree que la recurrente habría cumplido con el animus y el corpus como requisitos de la usucapión, ni expresa las razones por las que no se pronunció respecto a todas las pretensiones de la recurrente ni a la excepción de prescripción planteada.

En consecuencia corresponde analizar en revisión, si tales argumentos son evidentes con la finalidad de conceder o denegar la tutela reconocida por este medio de defensa.

III.1. Sobre los principios ético morales de la sociedad plural y los valores que sustenta el Estado boliviano

En primer lugar cabe mencionar que la Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero de 2009, señala el horizonte en el que habrá de erigirse el nuevo Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, fundado en la pluralidad y pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país. En ese contexto esta dicho que la nueva institucionalidad del Estado Plurinacional debe superar con creces la estructura colonial y debe, sobre la base del esfuerzo individual y colectivo, en cada estructura organizacional y en todos los órganos e instituciones del poder público, concretar un Estado como el proclamado, principalmente en el Órgano Judicial que a través de sus jurisdicciones y en la función judicial ejercida por sus autoridades en las naciones y pueblos indígena originario campesinos, en la que los valores que sustenta el Estado como unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien, que señala el art. 8.II de la CPE.

Resulta necesario señalar que la Constitución Política del Estado, por otra parte, refiriéndose a la nueva institucionalidad del Estado Plurinacional, augura superar con creces la estructura colonial estableciendo que, de acuerdo con lo previsto en el art. 8.I de la CPE, los principios ético morales de la sociedad plural que el Estado asume y promueve son: suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble), así como ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), estos últimos, mandatos de restricción que pudiendo ser de orden imperativo para cada individuo, en cada hogar de las bolivianas y bolivianos, es también esencia de un pensamiento colectivo enraizado en las naciones y pueblos que; sin embargo, de manera permanente se confronta con ciertos males como la corrupción que lastiman nuestras instituciones y sociedad, razón por la que el Estado encuentra como un elemento transformador de la sociedad la lucha contra la corrupción. Una inequívoca señal de esta voluntad está en la previsión del art. 123 de la CPE, que establece e instituye el principio de irretroactividad de la ley excepto en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los casos señalados por la Constitución.

Se ha dicho y reiterado en la jurisprudencia constitucional, que conforme al mandato de los arts. 178 y 179 de la CPE, la justicia es única en tanto que la potestad de impartir la misma emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos, entre otros. En ese mismo orden, respecto a los principios procesales que rige la justicia ordinaria están, también entre otros, la verdad material y el debido proceso.

En torno a la administración de justicia, o dicho desde una perspectiva actual e inclusiva, respecto a impartir justicia no puede soslayarse el hecho de que sustentar las decisiones en el análisis e interpretación, no sólo se limita a la aplicación de formas y ritualismos establecidos en la norma; sino también debe hacerse prevalecer principios y valores que permitan alcanzar una justicia cierta, accesible que este a lado del Estado y la población, con miras al vivir bien que permita rebatir los males que afectan a la sociedad.

III.2. Naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional

El art. 128 de la Ley Fundamental dispone que la acción de amparo constitucional se constituye en aquel mecanismo de defensa contra actos u omisiones ilegales o indebidas de servidores públicos, o de personas individuales o colectivas que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir derechos y garantías reconocidos por la Norma Suprema, concordante con lo dispuesto por el art. 51 del Código Procesal Constitucional (CPCo).

En dicho contexto normativo la SCP 0002/2012 de 13 de marzo, al referirse a la naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional, manifestó que ésta constituye: “…un mecanismo de defensa jurisdiccional, eficaz, rápido e inmediato de protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, cuyo ámbito de protección se circunscribe respecto de aquellos derechos fundamentales y garantías, que no se encuentran resguardados por los otros mecanismos de protección especializada que el mismo orden Constitucional brinda a los bolivianos, como la acción de libertad, de protección de privacidad, popular, de cumplimiento, etc. Asimismo, desde el ámbito de los actos contra los que procede, esta acción se dirige contra aquellos actos y omisiones ilegales o indebidos provenientes no sólo de los servidores públicos sino también de las personas individuales o colectivas que restrinjan o amenacen restringir los derechos y garantías objeto de su protección” (el resaltado nos corresponde).

III.3. Del derecho al debido proceso en su elemento de fundamentación y motivación

Respecto a la exigencia de fundamentación y motivación como elemento del debido proceso y los parámetros necesarios para establecer su cumplimiento, la jurisprudencia constitucional a través de la SCP 0239/2015-S3 de 20 de marzo, manifestó que: “La motivación de las resoluciones judiciales, es una exigencia constitucional, porque se violaría la garantía del debido proceso (art. 115.I de la CPE) sin ella. El contenido esencial a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada fue desarrollado en la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, y complementado por la SCP 0100/2013 de 17 de enero, teniendo en cuenta las finalidades que persigue este derecho fundamental.

Así, las señaladas Sentencias Constitucionales Plurinacionales, concluyeron que las finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión, son: ‘1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo.

5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos’. (SCP 0100/2013).

Sobre el segundo contenido; quiere decir, lograr el convencimiento de las partes respecto a que la resolución no es arbitraria, sino por el contrario, observa el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia, en la citada SCP 2221/2012, el Tribunal Constitucional Plurinacional, desarrolló las formas en las que puede manifestarse tal arbitrariedad, señalando lo siguiente: ‘…la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) una «decisión sin motivación», o extiendo esta es b.2) una «motivación arbitraria»; o en su caso, b.3) una «motivación insuficiente»’. desarrollando más adelante, el contenido de cada una de ellas.

‘b.1) Por ejemplo, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.), no da razones (justificaciones) que sustenten su decisión, traducido en las razones de hecho y de derecho, estamos ante la verificación de una «decisión sin motivación», debido a que «decidir no es motivar». La «justificación conlleva formular juicios evaluativos (formales o materiales) sobre el derecho y los hechos sub iudice [asunto pendiente de decisión]».

b.2) Del mismo modo, verbigracia, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.) sustenta su decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno, y alejadas de la sumisión a la Constitución y la ley, se está ante una «motivación arbitraria». Al respecto el art. 30.11 de la Ley del Órgano Judicial -Ley 025- «Obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, tal como ocurrieron, es escrito cumplimiento de las garantías procesales».

(…)

b.3) De otro lado, cuando una resolución no justifica las razones por las cuales omite o se abstiene de pronunciar sobre ciertos temas o problemas jurídicos planteados por las partes, se está ante una «motivación insuficiente»’.

Más adelante, la misma SCP 2221/2012, concluyó que las tres formas en las que puede manifestarse la arbitrariedad ‘…son un tema que corresponderá analizar en cada caso concreto, debido a que sólo en aquéllos supuestos en los que se advierta claramente que la resolución es un mero acto de voluntad, de imperium, de poder, o lo que es lo mismo de arbitrariedad, expresado en decisión sin motivación o inexistente, decisión arbitraria o decisión insuficiente, puede la justicia constitucional disponer la nulidad y ordenar se pronuncie otra resolución en forma motivada’” (las negrillas nos corresponden).

III.4. Análisis del caso concreto

Los accionantes consideran lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación y defensa, al acceso a la justicia o tutela judicial efectiva; puesto que, la demanda ordinaria civil sobre acción reivindicatoria, acción negatoria y resarcimiento de daños y perjuicios que interpusieron en contra de Natividad Colque Quispe, fue declarada probada en la Sentencia de primera instancia e improbada la demanda reconvencional de usucapión, confirmándose en apelación; sin embargo, las autoridades codemandadas, por Auto Supremo 1046/2015-L de 16 de noviembre, casando el Auto de Vista 240/2011, revirtieron dicha decisión, declarando probada la demanda reconvencional sobre usucapión, con base a disposiciones contradictorias, interpretación errónea y aplicación indebida del art. 1453 del CC, valorando equivocadamente la prueba y sin realizar una apreciación conjunta e integral de la misma, considerando aisladamente la de descargo; sin tomar en cuenta los reclamos de la recurrente y que la decisión fue adoptada sobre un inmueble diferente al objeto de la demanda, limitándose el Auto citra y extra petita al señalar que no se cumplió con el art. 250 del CPCabrg., sin establecer los motivos por los que cree que la ahora tercera interesada no habría cumplido con el animus y el corpus, ni las razones por las que no se pronunció respecto a la excepción de prescripción planteada.

En la presente acción tutelar que ahora se revisa, se tiene que los accionantes impugnan el Auto Supremo 1046/2015-L, solicitando se pronuncie uno nuevo, afirmando que el cuestionado es carente de fundamentación y motivación.

En ese contexto, se advierte que por memorial de 5 de septiembre de 2011, Natividad Colque Quispe, ahora tercera interesada, y contrademandante, interpuso recurso de casación en la forma y en el fondo impugnando el Auto de Vista 240/2011 de 8 de agosto, que confirmó la Sentencia “248/2008” de 8 de diciembre de 2009, que declaró probada la demanda principal de acción reivindicatoria y acción negatoria e improbada la reconvención y la excepción perentoria, misma que fue resuelta por el Auto Supremo ahora cuestionado, de la contrastación del referido recurso y lo determinado, se tiene:

a) La recurrente, señaló, como agravios de forma, que el Auto de Vista no considera los términos y plazos perentorios que rigen la materia procesal civil que son de orden público y de cumplimiento obligatorio, además que la Sentencia de primera instancia dispuso la entrega de un bien inmueble no especificado ni individualizado, el señalado en la demanda principal o el de la reconvención, siendo ambos diferentes; al respecto, los Magistrados codemandados resolvieron, manifestando que cualquier vicio de procedimiento debió ser reclamado ante las instancias pertinentes, y que no se evidenció que en apelación se hubieran objetado oportunamente, siendo improcedentes los reclamos conforme lo previsto por el art. 17.III de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).

b) Asimismo, Natividad Colque Quispe –tercera interesada, además recurrente–, señaló como agravio de fondo que, el Auto de Vista interpretó erradamente el art. 1453 del CC, que determina como presupuesto de la reivindicación la pérdida de la posesión, lo cual nunca fue demostrado; al respecto el referido Auto cuestionado por los accionantes, glosando la norma discutida, realizó consideraciones de carácter doctrinal, mencionando razonamientos jurídicos; y normativos, citando el art. 105 del CC referido a la posesión civil y la posesión natural, señalando que no necesariamente el titular que pretende reivindicar deba haber estado en posesión física del inmueble.

c) Por otra parte señaló la existencia de una errónea apreciación de la prueba, que habría inducido en error de derecho, conforme el art. 253.3 del CPCabrg., correspondiendo la carga de la prueba a los demandantes acorde los puntos de hecho a probar y que no fueron valoradas –la instalación de servicios básicos y las facturas de la empresa Bolivian Power de fechas anteriores–, asimismo no se habría tomado en cuenta la prueba testifical y el hecho de que la posesión se origina desde 1920, y que los vecinos no conocen a los ahora accionantes (entonces demandantes de reivindicación), lo que contrariamente reconocen el derecho propietario según los arts. 1330 del CC y 475 del CPCabrog., prueba vital, objetiva y concluyente que habría sido ignorada por el Juez y Tribunal de instancia; al respecto, realiza puntualizaciones de carácter normativo, doctrinal y jurisprudencial, concernientes a la posesión y sus elementos, corpus y animus, así como los requisitos para la procedencia de la usucapión, referidos a la posesión continua e ininterrumpida, pública, y pacífica, además de razonamientos a efectos de establecer los alcances de la interrupción de la posesión, concluyendo al respecto que posesión no es sinónimo de no controversia como erradamente habrían entendido el Juez y Tribunal inferiores; con tales razonamientos ultimó que los aspectos normativos y dogmáticos de la usucapión no habrían sido analizados correctamente por el Tribunal de alzada, toda vez que los hechos alegados en la demanda reconvencional de usucapión –a la que describe– se hallarían sustentados en las documentales consistentes en la certificación de la “Junta Vecinal” expedida por su presidenta “Lic. Mery Riveros Bustos”, certificación del nuevo directorio de la referida “Junta vecinal”, las boletas de pago de energía eléctrica, certificado de cedula de identidad expedido por la Policía Nacional, dos certificaciones correspondientes a los “hijos Francisca y Juan David”, las atestaciones de Julia Ruth Moscoso Vargas, Luisa Tereza Rosado de Uriona, Guillermo Alejandro Condori Coronel y Julia Chumacero de Ramírez, acta de audiencia de inspección judicial, concluyendo que los referidos elementos probatorios tienen la fe probatoria conforme a los arts. 1286 del CC y 397 del CPCabrg. y que acreditan que la reconvencionista, entonces recurrente y ahora tercera interesada se encontraría en posesión del inmueble con superficie de 300 m², ubicado en las calles Prolongación “Sucre y Villa Pabón”, de forma ininterrumpida pacífica y pública por más de diez años computables a partir de 1987 y estaría cumplido el requisito para la usucapión decenal, y que la reivindicación solo puede ser operada cuando la prescripción adquisitiva aún no haya sido operada conforme el art. 1454 del CC.

De la contrastación anteriormente realizada, es evidente que el Auto Supremo cuestionado, dio respuesta a todos los agravios que señaló la recurrente, siendo además que no corresponde a la parte accionante reclamar incongruencia omisiva, puesto que no fueron los impetrantes de tutela quienes interpusieron el recurso de casación.

Asimismo, con relación a los reclamos de los accionantes en sentido de que el Auto Supremo se halla sustentado en disposiciones contradictorias, interpretación errónea y aplicación indebida del art. 1453 del CC, sin establecer los motivos por los que cree que la recurrente –ahora tercera interesada– habría cumplido con el animus y el corpus, ni las razones por las que no se pronunció respecto a la excepción de prescripción planteada; se tiene que de la contrastación antes descrita, el Auto Supremo se halla debidamente fundamentado según a la aplicación del art. 1453 del CC, así como el corpus y al animus de la posesión de Natividad Colque Quispe; y, con relación a que la resolución fuera infra petita, se tiene de lo anteriormente referido que se resolvió los aspectos alegados por los impetrantes de tutela, con relación a que el Auto Supremo fue extra petita, se tiene que en el señalado no se evidencian tales extremos toda vez que el Auto cuestionado se refiere a los aspectos controvertidos en la demanda principal y en la reconvencional.

De acuerdo al reclamo de los accionantes, referido a la falta de fundamentación y motivación, respecto a la apreciación de la prueba, toda vez que las autoridades demandadas hubieran realizado una errada valoración de la misma, sin haber hecho una evaluación conjunta e integral de la referida y considerando aisladamente la de descargo, se evidencia que, los Magistrados demandados, desarrollaron una nueva estimación de la prueba a efectos de declarar probada la demanda reconvencional; del mismo modo se tiene que, la valoración de la prueba ante la jurisdicción ordinaria, los arts. 1286 del CC y 397 del CPCabrg., y aplicable a momento de la interposición del recurso de casación, otorgan dicha facultad con carácter privativo a los jueces de instancia; siendo evidente que la recurrente –ahora tercera interesada– denunció indebida valoración de la prueba, que habría incurrido en error de hecho y de derecho, conforme al art. 253.3 del CPCabrg.; por lo que, los codemandados, procedieron a realizar una nueva tasación de la prueba; debiendo en tales casos, demostrar que a tiempo de la evaluar la mencionada, los jueces de instancia hubieren incurrido en algún error, indicando si este es de derecho o de hecho, especificando en el primer caso los medios probatorios que fueron aportados al proceso, a los que los de instancia, no hubieran otorgado el valor probatorio conforme a ley, y para el caso de error de hecho, demostrar objetivamente el error en que hubiera incurrido el juzgador, con tales requisitos es posible aperturar la competencia del Tribunal de casación a efectos de compulsar la prueba producida ingresando al análisis de fondo de la demanda, hecho que ocurrió en el presente caso; sin que sea posible al Tribunal de garantías ingresar a valorar la prueba, a no ser que la misma se encuentre ajena al marco de equidad y razonabilidad, hecho que no se advierte en la problemática que se revisa.

Por lo expuesto, es posible concluir que el Auto Supremo cuestionado por los accionantes, cumple con los elementos que sustentan una resolución acorde a derecho conforme a los razonamientos glosados en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional.

Sin que se advierta vulneración al derecho a la defensa, toda vez que los accionantes tuvieron la posibilidad de recurrir e impugnar las decisiones que hubieran sido tomadas en instancia jurisdiccional, asimismo, no es posible alegar lesión del derecho de acceso a la justicia, puesto que el proceso civil del cual emerge el Auto Supremo cuestionado, fue incoado, en cuanto a la demanda de reivindicación, acción negatoria y pago de daños y perjuicios, por los impetrantes de tutela.

Por todo lo expuesto precedentemente, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela solicitada, efectuó una correcta compulsa de los antecedentes del caso.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 16/2016 de 1 de marzo, cursante de fs. 327 a 331, pronunciada por la Sala Civil, Comercial y Familiar Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Macario Lahor Cortez Chavez

MAGISTRADO

Fdo. Tata Efren Choque Capuma

MAGISTRADO