SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0608/2016-S2

En el caso concreto, se denuncia que las autoridades judiciales ahora demandadas, vulneraron los derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia, a la defensa y a los principios de seguridad jurídica y acceso efectivo a la justicia; señalando que en el predio denominado “Comunidad Campesina Tajibo Santa Rita" se inició proceso de saneamiento simple de oficio, donde la institución ejecutora INRA, cometió una serie de irregularidades en el trabajo de campo realizados en la gestión 2005, sobre cuya base; posteriormente, el 2012 elaboró el informe de Análisis Multitemporal Complementario, donde informaron que desde el año 1996 hasta el año 2002, no se observa actividad antrópica (actividad agrícola) en el predio y que recién desde el año 2005 hasta el año 2011, se observa la existencia de actividad continua e incremento de actividad antrópica; siendo éste informe parcial e incompleto, porque sólo se refiere a la actividad agrícola y para nada sobre la actividad ganadera verificada en las fotografías de mejoras y en el informe circunstanciado de campo. En este antecedente refiere que durante la etapa del trabajo de campo, la “Comunidad Campesina Tajibo Santa Rita” a efectos de acreditar la posesión del predio antes de la vigencia de la Ley 1715, presentó documento de transferencia de 2005, de su anterior transferente, Erwin Pedraza Salvatierra que en su cláusula primera señala que el vendedor tiene una posesión del predio “Los Tajibos” desde hace veinticinco años atrás, con una extensión de 10.112 hectáreas, y otro documento de Lotar Luís Mayser quien les transfirió 1.845 hectáreas; sin embargo, en el informe en conclusiones se señaló que no se tomó en cuenta como posesión legal el documento de transferencia del vendedor Erwin Pedraza Salvatierra, porque no se encuentra respaldada por ninguna certificación de una autoridad del lugar conforme al art. “309-111” del DS 29215; subsanando dicha observación, el 11 de septiembre de 2012, presentaron dos certificaciones emitidas por autoridades del lugar, la primera expedida por José Quintín Sevilla, Corregidor, de 15 de marzo de 2005, donde consta que el primer ocupante Erwin Pedraza Salvatierra tiene una posesión desde hace quince años atrás, lo que significa desde 1990; y la segunda otorgada por Martín Chuve Soliz, Corregidor, en la que informó que dicha Comunidad detenta una posesión consecutiva y continuada del predio desde el año 2005.