SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0688/2016-S1

Dentro del proceso penal seguido contra Víctor Hugo Quispe León, por la presunta comisión de los delitos de falsificación de sellos, papel sellado y timbres, impresión fraudulenta de sello oficial y falsedad material, tras imputarse formalmente al referido el 25 de septiembre de 2015, el Fiscal de Materia Pedro Montenegro Velarde, en su calidad de director de la investigación penal emitió Resolución de sobreseimiento, alegando de que los elementos de juicio recolectados en la etapa preparatoria son insuficientes para fundar una acusación.

Consecuentemente, el 5 de noviembre de igual año, presentó impugnación a la Resolución de sobreseimiento, siendo resuelto por el ex Fiscal Departamental de Beni –ahora demandado–, mediante Resolución FDB/AICR/206/2015 de 6 de noviembre, revocando el fallo cuestionado, disponiendo que se emita una nueva determinación, lesionando flagrantemente el tercer párrafo del art. 324 del Código de Procedimiento Penal (CPP), por cometer un acto ilegal en desmedro de su derecho al debido proceso y a la “seguridad jurídica”, porque aplicó indebidamente los arts. 32, 34.17 y 65 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), cuando lo que correspondía era que intimara al Fiscal inferior o a cualquier otro para que en el plazo de diez días presente acusación ante el juez o tribunal de sentencia.

Así la decisión del ex Fiscal Departamental del Beni, infringe el art. 324 del CPP, cometiéndose un acto ilegal que lesiona derechos, porque no efectuó una aplicación objetiva de la misma, siendo que, realizó una incorrecta interpretación, causándole graves agravios; dado que, las autoridades judiciales o administrativas no pueden ser omnipotentes ni deben resolver por encima de lo establecido por el constituyente, cambiando lo dispuesto en la norma.