SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0787/2016-S1

II.1.  Demanda contenciosa administrativa interpuesta por Hugo Alberto Miranda en representación legal de Luis Panoff Philbois, contra Jorge Gómez Chumacero, Director Nacional a.i. del INRA, impugnando la RA RA-SS 1888/2013 de 29 de octubre, relativo al saneamiento del predio “Potosí”, cuestionando los siguientes aspectos: 1) El reinicio del saneamiento del predio “Potosí”, mediante Resoluciones Administrativas DDSC-RA 417/2011 y DDSC RA 418/2011, ambas “de 1 de diciembre”, que se sobreponen al polígono 2 priorizado por la RA DDSC SAN SIM 049/2001 de 20 de septiembre, todas emitidas por la Dirección Departamental del INRA Santa Cruz; 2) Incompleto control de calidad de oficio de la Dirección Departamental del INRA Santa Cruz, al trámite de saneamiento del predio “Potosí”; 3) Falta de notificación con el Informe Técnico Legal DGS-SCS 645/2013 de 13 de septiembre, que complementa el Informe Técnico Jurídico DDSC-CO II INF. 1107/2012 de 31 de agosto, el cual a su vez modificó el Informe en conclusiones SAN-SIM de 30 de marzo de 2012 del predio “Potosí”; consecuentemente, con el “Informe de Cierre” fue notificado el 4 de abril de 2012; 4) Inconclusa revisión de archivos de los expedientes correspondientes a todos los antecedentes acreditados, y equívocas conclusiones de desplazamiento del expediente 49143 –predio “Potosí”– e inexistencia de trámites agrarios de Rancho Itenez, Sagama II y Santa María, que perfilan el carácter de simple poseedor y omisión de pronunciamiento respecto del título ejecutorial del mencionado predio; 5) Actitud institucional evasiva para la entrega de fotocopias de actuados de saneamiento que cambian el primer Informe en conclusiones SAN-SIM de 30 de marzo de 2012, hecho que vulneró su derecho a la petición contenido en el art. 24 de la CPE, evidenciándose incumplimiento del art. 71 e incurriendo en nulidad de la notificación con la “Resolución Final de Saneamiento” prevista en el art. 74, ambos del “Reglamento Administrativo Agrario”; 6) Respecto a la nacionalización del accionante; y, 7) Derechos vulnerados del accionante en calidad de propietario del predio “Potosí” ( fs. 327 a 335).