SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0843/2016-S3

Sobre el particular, de la revisión de antecedentes se tiene que el hoy accionante el 18 de abril de 2016, interpuso recurso de apelación incidental contra el Auto interlocutorio 193/2016, por la cual el Juez ahora demandado determinó imponerle la medida restrictiva de su libertad, emitiéndose el  decreto de 19 del mismo mes y año, que ordenó la remisión del recurso de apelación al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (Conclusión II.1. y II. 2.); sin embargo, al no procederse con dicha remisión, por memorial presentando el 25 de igual mes y año, solicitó dar cumplimiento al art. 251 del CPP, mismo que mereció el decreto de 26 del referido mes y año, por el cual la autoridad jurisdiccional demandada dispuso: “…el oficial de diligencias en el día proceda con la notificación bajo alternativa de remitir antecedentes al Consejo de la Magistratura” (sic [Conclusión II.3.]); no obstante estas actuaciones procesales y determinaciones jurisdiccionales de remisión, no se advierte que la extrañada remisión de la apelación incidental hubiere sido materializada; aspecto que tampoco, la autoridad judicial demandada en el informe oral -presentado en audiencia de acción de libertad- rebatió con argumento alguno, refiriéndose únicamente a la solicitud de cesación a la detención preventiva presentada con posterioridad.

Razones por la cuales es posible concluir que, el Juez demandado incurrió en una demora injustificada y fuera del plazo legal en la remisión de la impugnación planteada por el accionante; toda vez que, siendo presentada el 18 de abril de 2016 hasta a la interposición de la acción de liberad -9 de mayo de igual año- trascurrieron aproximadamente veintiún -21- días sin que los antecedentes pertinentes fuesen elevados al Tribunal de alzada, superando en demasía el plazo establecido en el art. 251 del CPP    -veinticuatro horas- ocasionando así una indebida dilación en la resolución de la situación jurídica del accionante, y desconociendo el principio de celeridad que rige a la administración de justicia, por lo que conforme al Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional corresponde conceder la tutela solicitada respecto a la remisión de actuados ante el Tribunal de alzada, al configurar dicha omisión una vulneración al debido proceso en su elemento de celeridad.