SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0928/2016-S3

La accionante a través de su representante, denuncia que los Magistrados hoy demandados mediante Auto interlocutorio definitivo S1^a 68/2015 de 3 de noviembre, rechazaron la admisión de la demanda contencioso administrativa que interpuso, argumentando que no se abrió la competencia del Tribunal Agroambiental, por no ser la RS 218301 de 12 de marzo de 1998, impugnable en la vía contenciosa administrativa; sin embargo, reclama que no tomaron en cuenta las atribuciones y competencias dispuestas en los arts. 68 de la LSNRA y 14, 17 y 21 de la Ley 3545.

Conforme la normativa constitucional y agraria descrita en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, se evidencia que el acto respecto del cual se inició el proceso contencioso administrativo es un acto de la administración pública, dictado en este caso por el ex Presidente del Estado, que resolvió anular la RS 191173 de 1 de agosto de 1979 y el título ejecutorial que le correspondía, determinando también la cancelación en el registro de DD.RR., acto administrativo que afectaría a la ahora accionante, iniciando por ello el proceso contencioso administrativo, sin que dicha garantía pueda ser negada bajo el argumento de la ausencia de competencia, bajo una interpretación literal de la norma especial, y que la Resolución Suprema impugnada no tendría su origen en un “proceso de saneamiento”, sin tomar en cuenta que el proceso contencioso administrativo conforme al Fundamento Jurídico III.1. expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es una garantía que resguarda y limita el poder, en el caso no solo de los actos emergentes de un proceso de saneamiento, sino de los actos de la administración que pueden afectar a los particulares y que no existiendo forma de impugnarlos en la vía administrativa deben ser revisados por el Órgano Judicial, en este caso por el Tribunal Agroambiental al emerger el conflicto de un acto administrativo que fue dictado por el ex Presidente del Estado como autoridad máxima del SNRA, razón por la cual, para que la división de Órganos se materialice, y se garantice el sometimiento de toda actividad estatal a la Constitución y al bloque de constitucionalidad, dicho acto debe ser susceptible de enjuciamiento por el Órgano Judicial en el marco del proceso contencioso administrativo; lo contrario alegando la incompetencia es también desconocer el Estado Constitucional y sus bases fundamentales.