SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0928/2016-S3

La separación de funciones fue objeto de análisis de este y el anterior Tribunal; así por ejemplo, la SC 0009/2004 de 28 de enero, al referirse al tema sostuvo que: “…la separación de funciones que se sustenta en los siguientes principios: 1) la independencia de los órganos de poder del Estado; 2) la coordinación e interrelación de funciones entre los órganos; y 3) el equilibrio entre los órganos que se establece a partir frenos y contrapesos; ello implica que los diversos órganos de poder del Estado no desarrollan única y exclusivamente sus función esencial, también participan en el desempeño de las funciones y labores de los otros órganos, en el marco de las atribuciones y competencias conferidas por el Constituyente, así el Legislativo participa en las labores del Ejecutivo aprobando el presupuesto general de la nación, o ratificando los tratados internacionales, entre otros; de su parte el Ejecutivo participa en las labores del Legislativo a través de los mecanismos previstos en la Constitución, tales como la iniciativa legislativa, la promulgación de la Ley, entre otras actividades”; en la citada Sentencia, al referirse a la revisión de los actos de la administración concluyó que: “…el acto administrativo es impugnable a través de recursos en sede administrativa, como el revocatorio, jerárquico o reclamaciones, y revisable por la vía judicial a través de procesos contenciosos, de manera que la inmutabilidad de dichas decisiones es de carácter formal y no material. Para ese sector doctrinal la potestad jurisdiccional es privativa del Poder Judicial, de manera que los órganos administrativos no ejercen función jurisdiccional, sino asumen actos administrativos cuya naturaleza jurídica no es jurisdiccional” (las negrillas son nuestras).

La indicada Sentencia precedentemente fue una aproximación a la finalidad última que tiene el proceso contencioso administrativo en el Estado que proclama como sistema de gobierno la división de poderes, pues se reconoce que al existir la división de Órganos, el equilibrio de estos, frenos y contrapeso, resulta imperativo que este equilibrio se exteriorice también en la posibilidad de que los actos de la administración puedan ser revisados por el Órgano Judicial, más aun en un Estado Constitucional, como es el nuestro, donde la Constitución Política del Estado debe guiar el accionar de todos los Órganos de poder, y los frenos; y, contrapesos se materializa en la sumisión total de dichos Órganos a la Norma Suprema, la que en el ámbito administrativo involucra que los Tribunales de la jurisdicción ordinaria pueden a través del proceso contencioso administrativo revisar si los actos de la administración fueron guidados por los principios y valores que proclama la Constitución.

Entonces la división de Órganos, que constituye uno de los pilares de la democracia (art. 12 CPE) no sería viable si no existiera la posibilidad de someter a conocimiento del Órgano Judicial la revisión y control de los actos administrativos; por ello, la importancia del proceso contencioso administrativo, destinado a que las decisiones de la administración puedan ser sometidas a control por dicho Órgano, concretándose el Estado Constitucional.