SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0992/2016-S3

La DCP 0035/2014 de 27 de junio, estableció que es necesario distinguir conceptualmente “(…) lo que es la ‘forma de Estado o régimen político’ de lo que es la “forma de gobierno” (sistema, en los términos de nuestra Ley Fundamental). Según Pasquino, el primero se define ‘…recurriendo a los criterios aristotélicos sobre el poder de uno, de pocos o de todos, ejercido en beneficio de uno, de pocos o de todos, o en términos modernos tales como los de régimen autoritario, totalitario o democrático, o que se limiten a una simple distinción entre monarquía (cuyo titular ocupa un cargo hereditario) y república (cuyo titular ocupa un cargo electivo)…’, distinción que, a juicio del mismo autor, pierde actualidad considerando que la mayor parte de los Estados adquirieron actualmente la calidad de democráticos; alcanzando mayor relevancia, la determinación de las diferentes formas de gobierno en el ámbito de la democracia y que están definidas básicamente por ‘la dinámica de las relaciones entre poder ejecutivo y poder legislativo y en particular a las modalidades de elección de los dos organismos, su título de legitimidad y el balance de sus prerrogativas’.

En otros términos, la ‘forma de estado’ está referida a la manera en la que se estructuran y relacionan entre sí los componentes más básicos que conforman el Estado en su conjunto; entendido éste como un tipo de formación sociopolítica compleja, compuesto por población, territorio y poder público, más la forma en la que se gestiona la soberanía tanto en sus relaciones externas como internas (enunciado éste último que nos remite a la noción de régimen político). Mientras que el ‘sistema de gobierno’ se constituye en un concepto más acotado y de carácter esencialmente instrumental, ya que designa a la manera en la que se organiza específicamente uno de los elementos básicos del Estado, el llamado poder político formal, poder público, o simplemente gobierno.

Con estas precisiones, se entiende que el Estado boliviano adopta una ‘forma de Estado’ altamente compleja, tal y como se desprende del enunciado del art. 1 constitucional, a saber: ‘Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país’.

Por su parte, el sistema o ‘forma o sistema de gobierno’ del Estado plurinacional está basado en el principio de división de poderes, en este caso órganos, según se colige de lo dispuesto en el art. 12 de la CPE, que a la letra indica: ‘I. El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos. II. Son funciones estatales la de Control, la de Defensa de la Sociedad y la de Defensa del Estado. III. Las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí’. Entendimiento que es confirmado por el art. 11.I de la Ley Fundamental, cuando expresa que: ‘La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres’.

Estas previsiones constitucionales de carácter general, se replican con ciertas modificaciones, a nivel subnacional, esto según se colige del texto del art. 12 de la LMAD, señalando que: ‘I. La forma de gobierno de las entidades territoriales autónomas es democrática, participativa, representativa y comunitaria allá donde se la practique, con equidad de género. II. La autonomía se organiza y estructura su poder público a través de los órganos legislativo y ejecutivo. La organización de los gobiernos autónomo está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos. III. Las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí’.

El primer parágrafo de la citada norma está directamente relacionado con la noción de ‘régimen político’ y encuentra su engarce constitucional en el art. 11 de la Norma Suprema, mientras que los parágrafos II y III se vinculan al art. 12 constitucional; ratificando, a nivel sub nacional, un sistema de gobierno caracterizado por una clara división de órganos y una específica definición de sus esferas o áreas de función.