SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1132/2017-S2

Argumentan, que “EMIRSA” realiza trabajos de exploración, explotación auríferas desde 1984 contando con una licencia ambiental y certificación de “Declaratoria de Adecuación Ambiental 040102-02 DDA-004-02; según nota IR/GG/0407-2003 de 19 de diciembre de “2004”, se envió la validación del presupuesto para el plan de cierre de operaciones de la Mina Kori Kollo de la citada empresa, sin contarse con otra licencia ambiental para el resto de otras concesiones que ha trabajado y continúa trabajando. A raíz de varias denuncias formuladas por comunarios ante la Alcaldía Municipal de Toledo y las efectuadas por autoridades de la Marca Saucari ante el Gobernador del departamento de Oruro, entre ellas una de 12 de marzo de 2012 sobre el incumplimiento del plan de cierre de operaciones de la mina Kori Kollo de “EMIRSA”; así como otras denuncias realizadas por el Alcalde Municipal de Toledo, las Autoridades Originarias de Jacha Humalaca, Sica Humalaca y de los comunarios del “Vice cantón Toma Toma”, sobre la fuga de aguas contaminadas emergentes de la operación minera, se procedió a la inspección, emitiéndose el informe técnico G.A.D.OR.SDMAyMT-UMARN-CCA 016/2012 que fue notificado a la mencionada empresa el 15 de mayo de 2012; respondiendo el 30 de mayo de 2015 alegando que no se aperturó el canal para la descarga de las aguas a partir de la laguna “SERMAT” y que las mismas eran de origen pluvial, producto de la abundante precipitación; lo cual no sería evidente conforme acredita un video y fotos de la inspección de 5 de marzo de 2012, adjuntos a la presente acción tutelar: Añaden que existe un dictamen de auditoría ambiental realizado por la empresa “Auditora PCA” a la mina Kori Kollo, donde menciona que toda el agua existente en las lagunas de evaporización están contaminadas, no obstante que el manifiesto ambiental señala que el dique de colas se diseñó como un sistema cerrado, instalación con cero descarga, aún estaría experimentando filtración, situación conocida por “EMIRSA”. Según el dictamen de evaluación ambiental, se encontraron valores por encima de lo establecido en el Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica, confirmando la contaminación de los pozos de control sin que exista evidencia que ese hecho hubiera sido reportado a la autoridad ambiental competente, lo que constituye una infracción administrativa. Los contaminantes encontrados en el acuífero superficial, sobrepasan los límites permisibles, constituyendo un impacto ambiental negativo al factor hídrico. Sostienen también, que no se cumplió con la recomendación del auditor respecto a las medidas de mitigación, remediación y valoración económica, existiendo un informe legal que evalúa los procesos administrativos, penales y civiles, donde “EMIRSA” reconoce los delitos ambientales, presentando al efecto un Plan de Adecuación Ambiental (PAA), que también fue incumplido, incluso el 2015, debido las intensas lluvias, la plataforma de lixiviación sufrió un deslizamiento y desborde, llevando material contaminado a la población de Villa Chuquiña y a los sembradíos del sector, donde no existe solución ni la garantía de un ambiente saludable para vivir. Finalmente, la auditoría ambiental realizada por la empresa Auditora PCA y el “fiscal ambiental (CONAM)” (sic) de 23 de agosto de 2012, en su numeral doce, señala que las actividades de Kori Kollo a cargo de EMIRSA, correspondientes a las actividades de operación y cierre, presentan impactos ambientales negativos de acuerdo a la normativa ambiental y penal vigente, demostrándose el incumplimiento de las leyes bolivianas.

El 27 de noviembre de 2012, a solicitud de sus autoridades originarias, se hicieron presentes técnicos de “DGMACC-UMA” y “MMyM-UMA” (sic), asumiendo conocimiento que “EMIRSA” realizó trabajos en los terrenos de su propiedad sin contar con la licencia ambiental ni respetar las leyes, verificando los mismos que la empresa estaba realizando una plataforma sin autorización, no obstante que el 27 de julio de 2010 la empresa hizo conocer que el 30 de junio del mismo año paralizaron la extracción de minerales desde el tajo Llallagua hasta la plataforma de lixiviación, en la operación minera Kori Kollo y que empezaron a dar cumplimiento al plan de cierre aprobado en diciembre de 2007, cuando el cierre de operaciones debió iniciarse el 2004, difundió su plan desde el 2003 mediante prensa oral y escrita; empero, hasta la fecha no se cumplió con el mismo como tampoco inició trámites administrativos para la obtención de otra licencia ambiental respecto de las otras áreas de explotación que desde antes venía operando.