SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0078/2017

“El art. 30.I de la CPE, precisa: «Es nación y pueblo indígena originario campesino toda la colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española», por su parte el     art. 2 de la Ley Fundamental, hace referencia a dos elementos a considerar que son: «Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios…» y finalmente debe considerarse el art. 191.I de la Norma Suprema, que establece: «La jurisdicción indígena originario campesina se fundamenta en un vínculo particular de las personas que son miembros de la respectiva nación o pueblo indígena originario campesino».

En este sentido, para este Tribunal Constitucional Plurinacional resulta claro que la interpretación del art. 9 de la Ley de Deslinde Jurisdiccional que establece: «Están sujetos a la jurisdicción indígena originaria campesina los miembros de la respectiva nación o pueblo indígena originario campesino», debe interpretarse en un sentido amplio y conforme al art. 191.II.1 de la CPE, que establece que: «Están sujetos a esta jurisdicción los miembros de la nación o pueblo indígena originario campesino, sea que actúen como actores o demandado, denunciantes o querellantes, denunciados o imputados, recurrentes o recurridos» de donde puede extraerse que inicialmente alcanza a:

1) Los miembros de las colectividades humanas que comparten identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión con existencia precolonial y que ejercen dominio ancestral sobre sus territorios. Al respecto, la SCP 1422/2012 de 24 de septiembre, aclaró que: ‘…debe precisarse además que en el contexto de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, su estructura organizativa por razones también de orden socio-histórico, podría estar compuesta por organizaciones campesinas, juntas vecinales u otras modalidades organizativas que reflejen un proceso de mestizaje vivido en el País, en estos casos, el reconocimiento de derechos colectivos como naciones y pueblos indígena originario campesinos, responderá a la concurrencia de cualquiera de los elementos de cohesión colectiva descritos supra, es decir a la existencia de identidad cultural; idioma; organización administrativa; organización territorial; territorialidad ancestral; ritualidad y cosmovisión propia, entre otras…’, aspecto que no debe resultar sorprendente si se considera la cantidad oficial de personas auto-identificadas como indígenas y la magnitud de migración interna provocadas por las necesidades económico - sociales en nuestro país.

Conforme a lo descrito y Conclusiones que informan el presente fallo constitucional, y la jurisprudencia esgrimida en el Fundamento III.2, corresponde verificar la concurrencia o no de los citados ámbitos de vigencia en el caso puesto a conocimiento de este Tribunal, aspecto que permitiría a la autoridad demandante, resolver la controversia suscitada a través de sus normas y procedimientos propios, aplicando en su resolución sus usos y costumbres; es así, que se procederá a analizar cada uno de estos y su aplicabilidad al caso o no, esto en el marco de lo expresado en el art. 191.II de la CPE; en consecuencia, corresponde efectuar una interpretación desde y conforme a la Constitución Política del Estado, los tratados del Derecho Internacional de Derechos Humanos; el primero a ser considerado es el ámbito de vigencia personal, en el caso en cuestión, de la certificación adjuntada por la parte demandante (Jorge Vargas Alba y Jacqueline Marlene Choque Ala de Vargas) dentro el proceso de interdicto de retener la posesión, se acreditó que los indicados se encuentran empadronados en el Ayllu Sullcavi de la parcialidad Samancha de Corque Marka del Suyu Jach´a Carangas del departamento de Oruro, desde el 9 de junio de 2006, cumpliendo con los usos y costumbres y las contribuciones anuales a las Sayañas Machullpa y Collcha Putunco, aspecto ratificado por los comprobantes de pago aparejadas, hecho que demuestra que los citados son comunarios del aludido Ayllu, habiendo inclusive fungido el cargo de Presidentes del Consejo Educativo Distrital de Corque del citado departamento, llegando inclusive la codemandante ser elegida como Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de Corque.

Asimismo, Norah Huarachi Mamani, una de las personas demandadas dentro del citado proceso agrario, al momento de plantear demanda reconvencional, adjunto documentales, tal como la certificación que acredito que ésta viene cumpliendo con los usos y costumbres, como con las contribuciones territoriales de casas y sayañas de forma anual, dentro del Ayllu Kala de la localidad de Corque del departamento citado; a su vez, de la certificación expedida por las autoridades de la población de Opoqueri y su sección Challajahuira, se estableció que tanto su padre como su abuela eran contribuyentes de la Sayaña Huerta Mayu de la Comunidad “Río Arenal Challajahuira” del  canton Opoqueri del referido Ayllu, provincia y departamento; de igual manera, se adjuntó los testamentos por los que fue nombrada junto a su hermano (Ángel Huarachi) como herederos de los inmuebles ubicados en la localidad de Corque y de la citada Estancia, la cual colindaría con el Ayllu Sullcavi; respecto, a Tiburcio Flores Ortiz (esposo de Norah Huarachi Mamani), si bien no expreso pertenecer al Ayllu Kala, el Tata Awatiri Cornelio Benavides Mamani, señalo que en virtud al vínculo matrimonial, éste adquirió identidad, derechos y obligaciones del mismo, sumado el hecho de que vendría desarrollando tareas agrícolas y cumpliendo con los usos y costumbres de aquella Comunidad.