SENTENCIA CONSTITUCIONAL Plurinacional 0037/2017-S2

Por una falaz denuncia interpuesta por la madre de la presunta víctima, el 27 de julio de 2015 se inició una persecución penal en su contra por el delito de violación agravada, bajo la dirección investigativa de la Fiscal de Materia Carla Florencia Salazar Añazgo y con el control jurisdiccional del Juez Público Mixto y de Instrucción Penal de Caraparí, Remberto Corsino Nava Chumacero; autoridades que realizaron una serie actos ilegales.

Inicialmente fue víctima de una aprehensión ilegal, pues nunca fue citado o notificado personalmente con la denuncia o con requerimiento fiscal alguno; directamente fue aprehendido por orden de la Fiscal de Materia, sin que se cumplan los presupuestos del art. 226 del Código de Procedimiento Penal (CPP); posteriormente, el Juez -ahora demandado-, sin señalar audiencia, ni emitir Auto Interlocutorio debidamente motivado y fundamentado, ordenó su detención preventiva, siendo conducido inmediatamente de su aprehensión, hasta Centro de Rehabilitación “El Palmar” de Yacuiba, donde se encuentra indebidamente privado de libertad durante más de un año, tres meses y veinticuatro días; detención indebida que se corrobora por la inexistencia del acta de audiencia y el Auto Interlocutorio en el expediente, donde cursan los memoriales de petición de cesación de su detención preventiva que formuló y que no pudieron ser considerados al no cursar en el expediente los referidos actuados.

Así se tiene que el memorial de solicitud de cesación de detención preventiva de 20 de septiembre de 2016, cuya audiencia de consideración fue fijada para el 28 del mes y año señalado, la misma que fue suspendida por los motivos antes señalados, es decir, la no remisión de los antecedentes de la audiencia de consideración de medidas cautelares, además que, la Secretaria del Juzgado Público Mixto y de Instrucción Penal de Caraparí del departamento de Tarija, Gladys Luz López Paucara, el 20 de junio de 2016, informó que en el expediente no cursaba el acta de la referida audiencia ni la Resolución que dispuso su detención preventiva.