SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0057/2017-S2

La Jueza de la Niñez y Adolescencia Segunda del departamento de Chuquisaca, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 06/2016 de 11 de noviembre, cursante de fs. 633 a 652 vta., concedió en parte la tutela solicitada, en lo que concierne a la Resolución Sindical de 18 de marzo de 2016, respecto al debido proceso en su elemento a una debida fundamentación y motivación y el derecho a la defensa como parte integrante del debido proceso en su vertiente el derecho a la observancia de los requisitos de cada instancia procesal dejando sin efecto la aludida Resolución Sindical, debiendo las autoridades demandadas, emitir un nuevo fallo en el marco de lo establecido en la presente Resolución, dando cumplimiento a la Constitución Política del Estado, bloque de constitucionalidad, las subreglas de corrección constitucional, los principios generales de la administración de justicia y la normativa especial, Estatuto Orgánico de la CTEUB y Reglamento del CNDS que regula la administración de justicia sindical en lo que fuere pertinente y conforme lo dispuesto por el art. 129.V de la CPE, concordante con el art. 40 del CPCo; respecto a las autoridades demandadas que emitieron la Sentencia de primera instancia, -miembros del CNDS anteriores y actuales- y considerando que esta Resolución no es el acto denunciado como vulnerado de derechos y garantías si no únicamente la resolución de segunda instancia no correspondiendo su concesión respecto a estos miembros pues no gozan de legitimidad pasiva, lo mismo ocurre con las autoridades demandadas, que si bien fueron convocados a conformar pare del congreso y por situaciones diversas no participaron del mismo y menos de la Resolución vulneratoria que dio lugar a la Resolución de amparo constitucional; determinación asumida, bajo los siguientes argumentos: a) La función del XXIV Congreso Ordinario Nacional del Magisterio Urbano de Bolivia, al momento de emitir la Resolución de 18 de marzo de 2016, es equiparada a la de cualquier administrador de justicia, debiendo ser llevada a cabo respetando los principios y valores en que se sustenta la administración de justicia, es decir desde y conforme la Constitución Política del Estado y desde los principios de administración de justicia en general, extremo que no ocurrió en el caso de autos, de lo que se concluye que el derecho al debido proceso en sus vertientes del derecho a una resolución debidamente fundamentada y motivada y el derecho a la defensa como parte integrante del debido proceso en su vertiente del derecho a la observancia de los requisitos de cada instancia procesal, fueron efectivamente lesionados; y, b) De lo referido precedentemente y tomando en cuenta que el Estatuto Orgánico de la CTEUB y el Reglamento de CNDS, constituye una norma especial en el ámbito de magisterio urbano, se advierte por esta instancia que dicha norma se encuentra desmarcada de la Constitución Política del Estado, corresponde a las autoridades de este ámbito, actualizar su normativa y complementar conforme esta Ley Fundamental y el bloque de constitucionalidad en el marco del art. 410 de la carta magna, a fin de no reiterar conductas vulneratorias de derechos y garantías constitucionales de sus afiliados con en el presente caso.