SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0143/2017-S2

Así, la SCP 0087/2012 de 19 de abril, sostuvo que: `…la parte demandada se encuentra impelida por su propio interés en presentar prueba para la desestimación de la acción de libertad cuya negligencia puede incluso dar lugar a responsabilidad constitucional, más aún cuando la acción este dirigida contra un servidor público en cuyo caso ya no se trata de una carga procesal sino un deber procesal emergente del art. 235.2 de la CPE que establece que las y los servidores públicos deben «cumplir con sus responsabilidades, de acuerdo con los principios de la función pública' y el art. 113.II que refiere: 'En caso de que el Estado sea condenado a la reparación patrimonial de daños y perjuicios, deberá interponer la acción de repetición contra la autoridad o servidor público responsable de la acción u omisión que provocó el daño». Es decir, en estos últimos casos en el ámbito de sus competencias y bajo responsabilidad todo servidor público no sólo cuenta con la obligación de presentarse a la audiencia, sino presentar conjuntamente a su informe la prueba pertinente a la acción de libertad, de forma que no provoque que el juez o tribunal de garantías e incluso este propio Tribunal emitan fallos sobre prueba incierta o basados únicamente en presunciones´” (las negrillas y el subrayado son agregados).

Conforme señala la jurisprudencia constitucional supra, la autoridad demandada, al constituirse sobre todo de un servidor público, no solo cuenta con la obligación de presentarse a la audiencia de la acción de libertad u ofrecer informe, sino también con la obligación de demostrar con su informe la prueba que corresponda para desvirtuar los actos ilegales denunciados.