SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0450/2017-S2

Conforme a esos lineamientos jurisprudenciales, se entendía que cuando la decisión impugnada, ya sea judicial o administrativa, emanaba de tribunales u órganos colegiados, inexcusablemente la acción tutelar debió estar dirigida contra todos los miembros de éstos, que asumieron dichas decisiones y, que por ende, se constituirían en los responsables de las medidas o actos asumidos supuestamente lesivos a los derechos de quien recurre de amparo; por lo tanto, no era suficiente identificar y demandar sólo a los que firmaron los actos o resoluciones, sino a la totalidad de miembros del tribunal u órgano colegiado que con su aprobación individual dieron lugar a que emerja la decisión o acto impugnado.

Sin embargo, dicho entendimiento fue modulado por el Tribunal Constitucional, para aquellos casos en los que los entes colegiados que emitieron las Resoluciones impugnadas, son compuestos por un numeroso grupo de personas. En ese orden, la SC 0447/2010-R de 28 de junio, señaló que: ‘…cuando se trata de actos u omisiones indebidas que emanen de otros entes colegiados con número de miembros numeroso, por mencionar algunos, asambleas de sociedades cooperativas, sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, sindicatos, asociaciones, etc., en cuyo caso la demanda deberá plantearse en contra de su representante legal o del directorio en su caso’. Modulación que responde a la imperiosa necesidad de efectivizar la justicia de la manera más pronta y eficaz, principalmente con la finalidad de evitar obstáculos procesales que signifiquen una demora en la tramitación de una acción tutelar que precisamente tiene la característica de sumariedad y de fácil y pronta ejecución; dado que en muchos casos esta obligación se convierte en un impedimento material y retrasa o impide la reparación de los derechos fundamentales y/o garantías constitucionales lesionados’” (las negrillas nos pertenecen).