SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0451/2017-S2

El 19 de agosto de 2016, José María Vicente Vicario interpuso ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), una denuncia por el supuesto delito de asociación delictuosa y posible avasallamiento, alegando ser dueño y legítimo propietario de un bien urbano ubicado en la zona norte U.V. 15, manzana comercial, con una extensión superficial de m² 1 901,25 e inscrito en las oficinas de Derechos Reales (DD.RR.), bajo la matrícula computarizada 7011990046179; asimismo, estableció que dicho terreno estaba siendo cuidado por Milena Kuguis quien falleció, señalando que este hecho habría sido aprovechado por su persona, para ingresar a su terreno en mayo de 2015, e impedirle el ingreso a dicho predio.

Refiere que, una vez que tuvo conocimiento de la presente investigación, y toda vez que dicho predio es parte a su vez de un terreno mayor de su propiedad, se apersonó ante el entonces Juez Primero de Instrucción en lo Penal, e interpuso excepciones de incompetencia en razón de materia y prejudicialidad, adjuntando prueba preconstituida que acreditaba que por el certificado alodial e información rápida emitido por la oficina de DD.RR., que es dueño y legítimo propietario de un terreno urbano ubicado en la zona norte, denominado “San León”, con una extensión superficial de 23 492,74 m², inscrito en DD.RR., bajo la matrícula computarizada 7.01.1.99.0058141 que fue adquirido de su anterior propietario Ángel Brunn y ratificada por su cónyuge Mirette de Brunn.

Arguye que demostró que el terreno descrito anteriormente se encuentra dentro de la U.V. 15 manzana 92 A (designado a la fecha como manzana EP), el cual fue fraccionándose en diferentes terrenos, habiendo enmallado una extensión superficial de 2 338,48 m²; también adjuntó copia legalizada de un proceso civil ordinario que interpuso el 2009 de reconocimiento de mejor derecho propietario, reivindicación, acción negatoria contra el Automóvil Club Boliviano y el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, cuyo Juez de Partido en lo Civil y Comercial dictó la Sentencia el 27 de diciembre de 2012, declarando probada su demanda y reconociendo su derecho propietario de toda la manzana 92 A, actualmente designada como manzana EP, es decir, sobre la totalidad del terreno de 23 492,74 m²; fallo que fue confirmado por Auto de Vista de 5 de agosto de 2013, por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, y posteriormente mediante Auto Supremo de 27 de mayo de 2014, encontrándose a la fecha ejecutoriado.

Asimismo, dejaron sin efecto la valoración realizada por la Jueza de la causa en cuanto a la posesión que tiene sobre el terreno, estableciendo que esta apreciación a priori no corresponde a esa instancia, pero contrariamente aceptaron y reconocieron que el denunciante estaba en posesión, sin establecer en base a que prueba llegaron a esa afirmación; es más, de manera ultra petita determinaron que el avasallamiento también sanciona la perturbación de la posesión, demostrando parcialidad con la parte denunciante; a mérito de ello, las autoridades demandas establecieron que la Juez a quo incurrió en falta de fundamentación y errónea valoración de la prueba, cuando más bien fueron dichas autoridades quienes omitieron fundamentar, motivar y valorar toda la prueba.