SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0451/2017-S2

II.7.  En virtud al recurso interpuesto, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, pronunció el Auto de Vista 23 de 30 de enero de 2017, a través del cual revocó el Auto Interlocutorio 497/2016 de 21 de octubre, disponiendo: 1) “..DECLARAR IMPROBADA la excepción de incompetencia en razón de la materia planteado por el [accionante], debiendo el Juez a quo continuar con el conocimiento de la causa penal; [y, 2)] RECHAZÓ IN LÍMINE la excepción de prejudicialidad, por carecer de fundamentación y prueba pertinente, al tenor del art. 315.II del CPP modificado por la Ley 586…” (sic); a tal efecto, expresaron los siguientes fundamentos: i) En cuanto a la excepción de incompetencia. La superficie que fue devuelta en calidad de propietario al denunciado -hoy accionante-, es de 3 333,00 m², mismo que es distinto al bien inmueble que el denunciante señala como propiedad, que los denunciados hubiesen avasallado, el cual consta de una superficie de 1901,25 m²; es decir que la Sentencia 52/2012 dictada, no le otorgó la totalidad de la manzana EP (manzano 92) como alega el excepcionista, sino la superficie de 3 333,00 m² que se encuentra dentro de la manzana EP; ii) La Jueza a quo, al haber señalado que entre el denunciante José María Vicente Vicario y el “denunciado”, existiría una controversia en cuanto a quien sería el propietario del inmueble, el cual debería ser resuelta en la vía civil, no es cierto; toda vez que, se demostró documentalmente que ambos bienes inmuebles no están superpuestos, el derecho propietario sobre el bien inmueble objeto del presente proceso penal, no está controvertido; iii) Por ello la Jueza inferior no realizó una correcta apreciación y minuciosa revisión de todos los elementos de prueba puestos a su disposición; es decir que, al no existir controversia en cuanto a quien realmente es el propietario del bien inmueble que el denunciante alega que se avasalló, no es posible remitir la presente causa a la jurisdicción civil como señaló la Jueza a quo; iv) Dicha autoridad no puede concluir menos sin establecer en base a que pruebas, quien estaba en posesión del bien inmueble, pues dicha determinación la asumirá el juez o tribunal de sentencia penal, a momento de emitir una resolución, ya sea absolutoria o condenatoria; v) Respecto a lo manifestado por la Jueza inferior, que entre el “denunciante y el denunciado” existiría una relación civil, dicha afirmación carece de sustento probatorio, debido a que revisados los antecedentes, no se evidenció que existiría algún litigio en materia civil pendiente entre ambos; vi) Por todo lo expresado, la Jueza a quo al momento de declarar probada la excepción de incompetencia en razón de materia, incurrió en falta de fundamentación y errónea valoración probatoria, habiéndose demostrado que no existe controversia en cuanto al derecho propietario entre el “denunciante y el denunciado” sobre el bien inmueble objeto de la litis penal, no existiendo por ello ningún impedimento para que prosiga el trámite de la presente causa; vii) En cuanto a la excepción de prejudicialidad. No resolvió la excepción de prejudicialidad de manera separada y fundamentada, incurriendo en una incongruencia omisiva que vulnera el debido proceso y el derecho a la igualdad de las partes; y, viii) La fundamentación expresada por la Juez inferior, se basó sólo en cuanto a la excepción de incompetencia en razón de materia, en ningún momento se refiere a la excepción de prejudicialidad y tampoco expuso razones suficientes para sostener que existiría una cuestión prejudicial que justificaría la suspensión del proceso penal hasta que se dilucide la causa extrapenal y el cual determine la existencia de elementos constitutivos del tipo penal para los delitos denunciados en este caso (fs. 662 a 667).