SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0591/2017-S2

Conforme se tiene expresado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, toda autoridad que pronuncie una Resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, así como la fundamentación legal y motivación que sustente la parte dispositiva de la misma, a objeto de dejar certeza a las partes procesales, que se obró conforme a la normativa vigente; asimismo, una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión; en suma, se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo, caso contrario, se vulnera el derecho al debido proceso, en su componente de la fundamentación y motivación, privando a las partes de conocer cuáles son las razones o motivos que sustentaron su decisión.

En esa virtud, de una revisión minuciosa y detallada del Auto de Vista 205, y conforme se establece de la Conclusión II.6 del presente fallo constitucional, se ha podido evidenciar que dichas exigencias fueron cumplidas por las autoridades demandadas, al momento de dictar la citada Resolución; toda vez que, la misma contiene una fundamentación razonable, por cuanto expusieron los motivos que la sustentan, efectuando una relación de las circunstancias del hecho y de los antecedentes del proceso, considerando el memorial de apelación incidental formulado por la parte denunciante, así como los argumentos expresados por el coimputado Jorge Eduardo Baldivieso Velasco, respecto a la resolución apelada; en función a ello, desarrollaron una motivación y fundamentación legal y doctrinaria, acorde a los aspectos reclamados, advirtiendo las omisiones en las que habría incurrido la Jueza Quinta de Instrucción Penal Quinta, que emitió el Auto Interlocutorio 252/2015; asimismo, citaron los elementos de prueba pertinentes, expresando su criterio jurídico y mencionando la normativa legal que sustenta su decisión de revocar la citada resolución de la Jueza a quo, mencionando al efecto los argumentos de hecho y de derecho en resguardo de los derechos y garantías constitucionales de las partes; considerando además que una debida fundamentación no necesariamente debe ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, sino que sea clara y concisa, consignándose los puntos cuestionados, conforme al razonamiento expresado en los Fundamentos Jurídicos III.2 y III.3 de la presente Resolución constitucional.

En consecuencia, es oportuno dejar claramente establecido que corresponderá a las autoridades jurisdiccionales de la justicia ordinaria, valorar las pruebas tanto de cargo como de descargo presentadas, emitiendo un pronunciamiento a través de una sentencia, por lo que la justicia constitucional únicamente podrá revisar la fundamentación de la resolución cuestionada, pudiendo la parte accionante desvirtuar lo sostenido por la parte contraria, durante la sustanciación del proceso penal.

Por lo precedentemente señalado, no se ha evidenciado la vulneración del derecho al debido proceso en su componente de fundamentación, motivación y congruencia alegado por el accionante, al pronunciar el Auto de Vista 205, por parte de los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no siendo viable en consecuencia, la tutela que brinda esta acción tutelar.

Finalmente, respecto al derecho a la defensa, así como a la valoración de la prueba, alegados también como vulnerados por parte del accionante, no presentó fundamento jurídico constitucional alguno, aspecto que impide a este Tribunal Constitucional Plurinacional que se pronuncie con relación a los mismos.