SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0591/2017-S2

El Juez Público Civil y Comercial Décimo Noveno del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 5 de 18 de mayo de 2017, cursante de fs. 139 a 141 vta., denegó la tutela demandada; a tal efecto, expresó los siguientes fundamentos: i) Con relación a la supuesta existencia de identidad de sujeto, objeto y causa con el anterior amparo constitucional, el mismo fue desarrollado por el accionante Jorge Eduardo Baldivieso Velasco y la presente acción por Carlos Alberto Baldivieso Velasco; es decir, no existe identidad de sujeto; ii) Con relación a la causa, existe una similitud a los hechos donde manifiesta que no se hubiera computado con ambos delitos desde el 2006, sino desde el 2013, ya que no se hubiera valorado los alodiales que adjunta como pruebas; estos hechos son nuevos que no tienen relación con la anterior resolución de amparo dictado contra los “demandados”, por ello, no existe identidad de objeto, sujeto y causa, se trataría de otro proceso con otros derechos vulnerados y otro sujeto accionante; iii) La fundamentación del Auto de 16 de septiembre de 2017, fue realizado en base a una apelación incidental que hubieran presentado los terceros interesados, de esta apelación concluyen los demandados justamente de dónde debe computarse la prescripción, hizo una relación ampulosa y su motivación aun escueta, manifiesta que el cómputo lo realizaron desde el 2013 y no así desde el 2006, porque hubo un nuevo registro; iv) Con relación a la falta de valoración de las pruebas, la “SCP 053/2014 de 3 de enero”, señaló que, un juez de garantías puede ingresar a valorar la prueba ordinaria, cuando exista un apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir, o cuando se haya adoptado una conducta omisiva expresada, entre otras, en no recibir, producir o compulsar cierta prueba inherente al caso, y su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales; v) En el presente caso, el recurso de apelación claramente se refiere a que la jueza a quo hubiera realizado una valoración desde el 2006 y los Vocales a partir del 21 de enero de 2013; sin embargo, la acción de amparo constitucional no es una instancia casacional, no es una revisión sobre actos realizados, sino respecto a derechos vulnerados, con relación a que no se hubiera valorado la anotación preventiva, porque manifiestan que no hubiera una caducidad ipso facto sino a través de una solicitud; vi) Con relación a la vulneración al derecho a la defensa, no establece en que consiste la vulneración en forma precisa, considerando que sus solicitudes han sido resueltas y además respondidas, inclusive plantearon una complementación y enmienda donde el 16 de noviembre de 2016, las autoridades demandadas manifestaron no ha lugar sobre los puntos reclamados; y, vii) Al no haberse vulnerado ningún derecho de los manifestados y al tener una similitud con la anterior solicitud de amparo, tan solo con relación a la redacción fáctica y no así a los demás componentes, la “SCP 0823/2016” determinó la procedencia de la acción constitucional dónde deben pronunciarse, desde el computo de la prescripción, extremos que ya fueron resueltos; asimismo, no se puede valorar la prueba por corresponder a la instancia ordinaria, no habiéndose vulnerado el derecho a la defensa, tampoco a la debida fundamentación y motivación.

Una vez pronunciada la Resolución, la parte accionante solicitó complementación y enmienda, a mérito de lo cual, el Juez de garantías consideró que en relación a los hechos omitidos de la prueba incorporada o señalada como ser los alodiales que no se hubiera hecho una valoración, el Auto de Vista para resolver el fondo sobre la prescripción de la estafa y estelionato, valoró la apelación incidental, ahí presentan los alodiales, en su fundamentación manifestó que el cómputo de la prescripción es desde el 2013; por otra parte, la individualización es de competencia ordinaria, no del Tribunal de garantías.