SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0610/2017-S3
Fecha: 26-Jun-2017
a)
Además, el Auto de Vista 85 no consideró que: a) Su petición de honorarios profesionales se basó en la existencia de una iguala que determina que puede acogerse al arancel mínimo del ICACRUZ; b) Existía un trabajo real y efectivo; c) “La coexistencia de un monto dinerario que podía afectar a mi ex cliente en su patrimonio, POR EL AHORRO DEL NO PAGO DE UN MONTO DEMANDADO DE BS. 16.389.872.13 más los honorarios profesionales del abogado patrocinante de los EXTRABAJADORES” (sic); d) El proceso fue tramitado en todas sus instancias, presentándose incidentes y acciones constitucionales; y, e) La existencia de trascendencia jurídica, moral y económica. Consiguientemente, el referido fallo es incongruente al no tomar en cuenta el objeto de la petición, ni valorar los hechos o las pruebas, implementando un procedimiento incorrecto -laboral- sin aplicar las normas jurídicas correspondientes.
Por cuanto, el Auto de Vista hoy refutado al margen de carecer de fundamentación, motivación y congruencia entre el fallo de primera instancia, los agravios vertidos en apelación y lo resuelto en alzada, no valoró correctamente la prueba ni aplicó adecuadamente la normativa, correspondiendo que la justicia constitucional ingrese al análisis de la interpretación de la legalidad ordinaria.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
- I.1.3. Petitorio
- 1)
- I.2.2. Informe de las autoridades demandadas
- Fragmento 8
- i)
- denegó
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- II.7.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- no es posible interponer una acción tutelar para exigir el cumplimiento de un fallo pronunciado en otra acción tutelar
- cualquier cuestionamiento debe ser impugnado u observado en el mismo mecanismo de defensa constitucional y no a través de otro, por lo explicado precedentemente
- el accionante debe acudir ante el mismo juez de garantías que emitió la resolución, o en su caso a la vía ordinaria para hacer cumplir la misma; puesto que no corresponde presentar una nueva acción tutelar contra las mismas autoridades ya demandadas en una acción tutelar anterior
- Las resoluciones de la jurisdicción constitucional, deben ser cumplidas a través de los mecanismos que franquea la ley, no pudiendo activarse la acción de amparo constitucional, con el único fin de buscar el cumplimiento de las resoluciones pronunciadas en un anterior amparo constitucional
- corresponde al juzgado o tribunal que inicialmente conoció la acción
- mediante auto expreso, rechazará la queja o la concederá, asumiendo en este último supuesto las medidas necesarias para el cumplimiento de estas resoluciones, entre las cuales puede requerir la intervención de la fuerza pública, la remisión de antecedentes al Ministerio Público o la imposición de multas progresivas, entre otras
- Con la resolución pronunciada por el juez o tribunal de garantías, se notificará a las partes procesales, estando facultado el activante de la queja, en caso de estimar dilación o incumplimiento de la resolución emergente de una acción tutelar, a presentar la misma ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, en los términos establecidos por el art. 16.II del CPCo, queja que deberá ser presentada en el plazo de tres días computables a partir de la notificación con la resolución emitida por el juez o tribunal de garantías. En este supuesto, el juez o tribunal de garantías, en el plazo de veinte cuatro horas, deberá remitir todos los antecedentes relevantes a la queja ante el Tribunal Constitucional Plurinacional.
- III.2. Análisis del caso concreto
- I. La ejecución de una Resolución Constitucional con calidad de cosa juzgada, corresponde al juzgado o tribunal que inicialmente conoció la acción
- III.3. Otras consideraciones
- CONFIRMAR