SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0703/2017-S3

Se encuentran detenidos preventivamente en el Centro Penitenciario “San Pedro” de La Paz, a consecuencia de la apertura del caso signado como 068/2015 ante el Ministerio Público de la localidad de Pucarani del referido departamento, en el cual luego de ser emitida la Resolución de imputación formal contra sus personas, fue señalada la audiencia de consideración de medidas cautelares para el 5 de mayo de 2017, teniendo hasta esa fecha como único abogado de confianza a Ramiro Arias Ali, quien para dicha audiencia presentó un justificativo de inasistencia; empero, el Juez Público Mixto e Instrucción Penal Primero de Pucarani del citado departamento       -ahora demandado-, instaló ese acto procesal sin la presencia del Ministerio Público y de la parte “pseudo” querellante, en el cual una persona señaló ser abogado defensor público del SEPDEP, de quien no tenían conocimiento alguno y sin consultarles pidió la suspensión de la audiencia, ya que “…NO SE ENCONTRABA PRESENTE NADIE MAS QUE NOSOTROS Y ESTE REPRESENTANTE DE DEFENSA PÚBLICA, ahí la primera observación ya que  NO EXISTIENDO PARTE QUE FUNDAMENTE LA IMPUTACIÓN FORMAL Y LA PRUEBAS OFRECIDAS Y NO EXISTIENDO SOLICITUD EXPRESA POR LA PARTE QUERELLANTE, DE OFICIO EL JUEZ NO PODIA IMPONER LAS MISMAS Y ES MÁS INTRODUCIR ELEMENTOS DE PRUEBA…” (sic), pese a ello, el Juez hoy demandado manifestó que la imputación formal era suficiente “…y que con su lectura se tenía por fundamentado y básicamente el haría de Ministerio Público y querellante respecto a la presentación de los indicios y elementos de convicción…” (sic).

En ese entendido, Beymar Cartagena Catari, defensor público del SEPDEP      -hoy codemandado- solicitó cinco minutos al Juez ahora demandado para revisar el cuaderno procesal, concedido dicho lapso de tiempo, el primer nombrado les señaló ser su abogado, situación que rechazaron, toda vez que su abogado de confianza era Ramiro Arias Ali, a quien le habían entregado toda su documentación para la audiencia de consideración de medidas cautelares y además que conocía los antecedentes del caso para su defensa, por lo que el ahora codemandado no alcanzó a revisar la imputación formal en los cinco minutos otorgados; es decir, que no tuvo conocimiento del proceso.