SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0746/2017-S3

Respecto a la interpretación de la legalidad ordinaria, la SCP 1631/2013 de 4 de octubre, estableció que: “…la parte procesal que se considera agraviada con los resultados de la interpretación debe expresar de manera adecuada y precisar los fundamentos jurídicos que sustenten su posición, en ese sentido se estableció que ante la ausencia de carga argumentativa corresponde denegar la tutela solicitada. Esta línea se profundizó señalando que es atribución del Tribunal Constitucional interpretar la Constitución, y de la jurisdicción común, interpretar el resto del ordenamiento jurídico; o lo que es lo mismo, la legalidad infra constitucional u ordinaria, precisando que ello no implica llegar a la conclusión tajante de que la labor interpretativa de la legalidad ordinaria no está sujeta al control constitucional para verificar la vulneración de derechos y garantías de la Constitución, ante ello la SC 0085/2006-R de 25 de enero, precisó que el accionante que pretende la revisión de la legalidad ordinaria debe: 1) Explicar por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, identificando, en su caso, las reglas de interpretación que fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo; y; 2) Precise los derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, estableciendo el nexo de causalidad entre éstos y la interpretación impugnada; dado que sólo de esta manera la problemática planteada por el recurrente, tendrá relevancia constitucional, la SC 0194/2011-R de 11 de marzo, incorporó el tercer elemento que debe contener la exposición señalando: ‘3) Establezca el nexo de causalidad entre la ausencia de motivación, arbitrariedad u otra situación absurda, por no aplicar la interpretación que considera debió efectuarse, y los derechos y/o garantías que conforman el bloque de constitucionalidad, y que han sido lesionados con dicha interpretación, explicando sí el resultado, cuál la relevancia constitucional’” (las negrillas son nuestras). Presupuestos que como se sostuvo ut supra, no fueron cumplidos por la accionante.         

Finalmente, respecto a la presunta vulneración de los derechos a la defensa, al debido proceso en su vertiente de falta de valoración de la prueba, cabe señalar que la accionante no realizó ninguna exposición de hechos, a mérito de los cuales se pueda advertir que los Magistrados ahora demandados habrían suprimido el derecho a la defensa que le asiste, a la accionante, o que se hubieran apartado de los criterios de razonabilidad, equidad y objetividad en la actividad valorativa de la prueba, omisión que para el caso importa la imposibilidad de efectuar un análisis sobre tales alegaciones, por lo que tampoco se puede realizar pronunciamiento alguno.