SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0899/2017-S2

La SC 0044/2010-R de 20 de abril, señaló: “De acuerdo a lo descrito precedentemente, dentro de la acción de libertad es posible analizar los supuestos de demora en la efectividad del derecho a la libertad, al encontrarse dentro del hábeas corpus, conocido por la doctrina como traslativo o de pronto despacho.

Conforme a dicha norma, para hacer efectiva la libertad, necesariamente debe haberse otorgado la fianza, sea juratoria, personal o real; sin que posteriormente, el juez o tribunal que impuso esa medida sustitutiva, pueda establecer otras condiciones o la realización de nuevas diligencias para dar curso a la libertad, pues ello implicaría el desconocimiento de las propias determinaciones asumidas por el juzgador y una lesión al derecho a la libertad del imputado. Si su restricción fue dispuesta ante el cumplimiento de los requisitos previstos en la Constitución y el Código de Procedimiento Penal, la cesación de su limitación debe ser inmediata cuando esos requisitos ya no se cumplen o han sido desvirtuados por el imputado y éste; además, ha cumplido con las condiciones impuestas por el juzgador.

En ese entendido, la SC 1447/2004-R de 6 de septiembre, ha establecido que «...para otorgar la libertad luego de haberse concedido la cesación de la detención preventiva sólo es exigible el cumplimiento de las medidas sustitutivas que se hubieren aplicado, pues esa es la única condición que ha previsto el legislador, lo que implica que no puede exigirse el cumplimiento de otras condiciones, requisitos o realización de diligencias, como condición previa ha viabilizar la libertad de los imputados beneficiados con la cesación de la detención preventiva »

Conforme a ello, una vez que el imputado ha otorgado la fianza, se materializa el derecho del atribuido a exigir al Juez su libertad, como también se impone al juzgador la obligación de concederla sin más trámite (SC 1447/2004-R), y es en ese sentido que debe ser entendida la norma prevista en el art. 245 del CPP.