SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0956/2017-S3

Dentro del proceso ordinario de usucapión decenal o extraordinaria interpuesta por Amalia, Gonzalo y Rafael Alcón Aliaga -ahora terceros interesados- contra Valentín Alcón Huarachi, y los herederos de Sixto, Eduardo, Juan de la Cruz y Nemecio Alcón Huarachi y Cirila Alcón Aliaga, sobre un bien inmueble sito en la av. República 866, zona Callampaya de la ciudad de La Paz, con una superficie de 410 m², el Gobierno Autónomo Municipal al que representa, contestó la demanda y reconvino la misma por acción negatoria, reivindicación y pago de daños y perjuicios, toda vez que por informe “D.A.G.-U.B.I. 1427/2014” se concluyó que el bien inmueble objeto de litigio estaba en sobreposición con la vía pública en una superficie de 263.69 m².

En ese orden, fue emitida la Sentencia 32/2015 de 9 de febrero que declaró operada la usucapión decenal o extraordinaria a favor de los hoy terceros interesados e improbada la demanda reconvencional interpuesta por el ente municipal, fallo que fue notificado a su persona el 3 de marzo de 2015 en Secretaría del Juzgado Decimoprimero de Partido en lo Civil y Comercial de La Paz; no obstante, a que otras resoluciones fueron notificadas en el domicilio procesal del Gobierno Autónomo Municipal, aspecto que provocó la indefensión, por cuanto se notificó a quien ya no representaba a esa institución, al margen de no considerarse que el art. 84.I del Código Procesal Civil (CPC) establece que: “Por principio, las actuaciones judiciales, en todos los grados, serán inmediatamente notificadas a las partes en la secretaría del juzgado o tribunal, excepto en los casos previstos por Ley”, razón por la cual se presentó incidente de nulidad de notificación que fue rechazado por Resolución 86/2015 de 2 de abril. Ante ese fallo, se planteó recurso de apelación que fue denegado por providencia de 13 de mayo de igual año, y una vez que se resolvió la compulsa a favor del ente municipal -Auto de 11 de septiembre de ese año-, la Sala Civil y Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -integrada por los Vocales hoy demandados- emitió la Resolución R-24/2016 de 11 de enero, aprobando la Sentencia 32/2015 y confirmando el fallo impugnado.