SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0986/2017-S3

           El ahora accionante exige ante esta instancia, que la prueba producida, concretamente la declaración de tres testigos y la reconstrucción de hechos, no habrían demostrado con objetividad que su persona haya cometido la falta por la cual fue sancionado, concretamente no habrían demostrado la agresión denunciada, pues ninguno de los testigos habría declarado haber visto que su persona golpeara al hoy tercero interesado y la reconstrucción de los hechos habría demostrado contradicción, por lo cual -según indica el accionante-, al haberse determinado su culpabilidad, no se habrían valorado adecuadamente las pruebas referidas; al respecto, el primer nombrado, no consideró que esta jurisdicción, no tiene competencia para revisar la valoración de la prueba efectuada por las autoridades ordinarias o administrativas, así la SC 0854/2010-R de 10 de agosto, estableció que este Tribunal: “…a través de las diversas acciones tutelares no puede realizar  una nueva valoración de la prueba sobre la problemática de fondo que motivó la decisión judicial o administrativa impugnada, pues ello sería invadir otras jurisdicciones desnaturalizando la esencia de esta acción tutelar por cuanto la valoración de la prueba es una facultad privativa de dichas instancias  ordinarias; esa es la regla y la línea jurisprudencial adoptada…” (las negrillas nos pertenecen); regla que no puede ser ignorada, salvo excepciones, concretamente, que quien pretenda que esta jurisdicción realice la revisión extraordinaria de la valoración probatoria efectuada por autoridades competentes, en su demanda debe determinar argumentativa y concretamente, la o las pruebas sobre los que: ‘“...a) Exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsible para decidir (...) o b) Cuando se haya omitido arbitrariamente valorar la prueba y su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales...”’ (las negrillas fueron agregadas [SCP 1517/2014 de 16 de julio, que cita a la SCP 0371/2014 de 21 de febrero]); ahora bien con realción a la supuesta omisión valorativa de la prueba, que manifestó el accionante respecto a la declaración de tres testigos y la reconstrucción de hechos, se puede advertir que en la Resolución jerárquica ahora demandada de lesiva, las autoridades administrativas demandadas, valorando justamente las pruebas que se indica, disponiendo que: “Del análisis y valoración de las pruebas de cargo y descargo cursantes en el expediente, en base a los principios de imparcialidad, sana crítica, libre valoración de la prueba, presunción de inocencia, reserva legal y tipicidad (…) haciendo una valoración conjunta de la prueba, se determina el hecho probado del incumplimiento de la cláusula segunda del contrato suscrito por el cadete procesado y el Director de la Academia Nacional de Policías, ya que al haber agredido físicamente y maltratado al C.C, Benavidez ha incumplido con lo dispuesto en el Memorando N° 002/2018 suscrito por el Director de la ANAPOL por el que se DISPONE…” (las negrillas son nuestras [sic]); que: “…en virtud a la documentación cursante, entre estas las declaraciones testificales, Acta y Transcripción de Reconstrucción del Hecho, Informes e Historial Clínico del C. C. Benavidez, generan en la CRD la convicción de la existencia del hecho sancionable determinando la responsabilidad del procesado, considerando que a raíz de la agresión ocasionada al C.C. Benavidez (…) fue trasladado al Hospital Policial con diagnóstico de ‘TEC Moderado/Contusión Craneal determinado por (…) se ha llegado a establecer que el cadete procesado se encontraba en el lugar de los hechos y que la víctima lo ha identificado plenamente como su agresor…” (las negrillas fueron añadidas [sic]); y, que: “…objetivamente no se ha demostrado que el Cadete Sergio Roca Arroyo no subió al casino, al contrario se demuestra que fue visto en el casino y que estas versiones están plenamente respaldadas por las declaraciones informativas de los cadetes señalados (…) por lo que pese a las contradicciones del horario, si se establece que es un hecho la presencia del Cadete Sergio Roca Arroyo en el casino” (sic); despliegue valorativo que nos muestra, que no hubo omisión valorativa de prueba; asimismo, sobre el supuesto de que estas mismas pruebas hubieran sido valoradas de manera errónea e insuficiente, se puede advertir que lo denunciado no es evidente, en razón a que no existe valoración probatoria que se aparte de los marcos legales de razonabilidad y equidad, más al contrario muestran la valoración conjunta y fundamentada de esta, habiéndose considerado de manera integral las pruebas aportadas al proceso, entre ellas las declaraciones testificales, la reconstrucción de hechos, que extraña el ahora accionante.