SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0575/2018-S3

La Jueza Pública Civil y Comercial Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución de 15 de agosto de 2018, cursante de fs. 101 a 110, denegó la tutela impetrada con los siguientes fundamentos: 1) En el marco de la naturaleza jurídica de la acción de cumplimiento, que busca garantizar la Constitución Política del Estado y la ley, igualmente precisada por la jurisprudencia constitucional, cuando refiere que el mandato legal y constitucional cuya omisión se cuestiona, debe tener carácter eminentemente imperativo, que suponga la obligación para la autoridad de cumplir la norma, sin darle opción a soslayar o excusarse de cumplir la misma, así la SCP 1474/2011-R de 10 de octubre, refirió dos supuestos: “…‘a) Incumplimiento de deberes procesales, directamente vinculados a un proceso jurisdiccional; y, b) Incumplimiento de potestades administrativas, estrictamente vinculadas a un procedimiento administrativo’…” (sic), en los cuales no se ingresa al ámbito de protección de la presente acción tutelar; y, 2) La solicitud de subinscripción de inclusión y/o complementación de datos del supuesto esposo de la accionante en los registros de la oficina de DD.RR., constituyen un procedimiento de tipo administrativo, cuyas contingencias son impugnables en la vía administrativa y judicial según corresponda, razón por la cual, se encuentra fuera del alcance de la acción de cumplimento, dado que la omisión, corrección o inclusión en los registros de derecho propietario, pueden ser reparadas por las autoridades llamadas por ley, más aún cuando en el presente caso, la accionante acudió de manera voluntaria al Juzgado Público Civil y Comercial Vigésimo de la Capital del departamento de Cochabamba para solicitar mediante orden judicial la inclusión de los datos del antes nombrado, la cual fue rechazada por Auto de 25 de abril de 2018, lo que le llevó a acudir ante el Registrador de DD.RR. de manera voluntaria, la cual fue igualmente rechazada por decreto de 5 de junio del mismo año; sin embargo, se advierte que no se hubiera hecho uso de recurso de impugnación alguno contra esas resoluciones, pese a que en ambas instancias se reconocen medios de reclamo, y una vez agotados estos, recién acudir a la jurisdicción constitucional a través de la acción de amparo constitucional por lesiones al debido proceso, conforme prescribe el art. 66.4 del Código Procesal Constitucional (CPCo).