SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0857/2018-S1

Establecidos los antecedentes procesales, cabe señalar que, de una revisión minuciosa, integral y detallada del memorial de objeción a la Resolución de Desestimación de 21 de marzo de 2018, de denuncia penal por la presunta comisión del delito de falso testimonio, previsto y sancionado en el art. 169 del CP, y conforme se establece en la Conclusión II.2 de este fallo constitucional, se evidencia que la parte accionante, objetó la referida resolución, manifestando los siguientes aspectos: a) La Resolución resulta ser insuficiente en su fundamentación, porque se limita a realizar un análisis mínimo del hecho fáctico, incumpliendo de esta manera la previsión normativa contenida en los arts. 73 y 124 del CPP, lesionando de manera flagrante el derecho al debido proceso en su elemento de una debida y correcta fundamentación, por cuanto, los fundamentos esgrimidos en la misma, resultan escasos, subjetivos, parcializados e infundados, pues solo se limitan a indicar que previamente a emitir su resolución, la Jueza Pública Mixta de Familia y de la Niñez y Adolescencia Primera de Sacaba del departamento de Cochabamba, siguió un procedimiento con un orden secuencial de pasos y que no se habría agotado la vía “civil”, pero de manera contradictoria y sin llegar a investigar, desestimó la denuncia; b) La Resolución objetada, no tiene el más mínimo sustento o asidero legal, pues refiere que la denuncia se sustenta en simples fotocopias, sin considerar que se solicitó un sin fin de requerimientos, a efectos se remitan las documentales que se encuentran en el proceso familiar, con la aclaración que los originales están en el referido proceso; c) Para desvirtuar las falaces atestaciones de los testigos de cargo, se presentó certificaciones en fotocopias tanto del Colegio de Abogados como del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, cuyos originales también se encuentran en el aludido proceso, y que sirven para desvirtuar las alegaciones denunciadas como falso testimonio que destruyen su vida, por cuanto, son afirmaciones fuera de toda lógica jurídica, relativas a que sin conocerlo, afirmaron que es una persona con solvencia económica bastante elevada, propietario de bienes muebles e inmuebles, abogado litigante y que reparte tarjetas en los tribunales; d) El Fiscal de Materia, no realizó una revisión y análisis integral de cada uno de los antecedentes cursantes que generaron la presentación de la denuncia, por cuanto, emitió una resolución estructurada en lo fáctico, probatorio y jurídico, que se basó en una copia de normas doctrinales sobre el concepto del tipo penal denunciado, sin contar con un mínimo de motivación y con un razonamiento errado en cuanto a la interpretación de la norma y de la jurisprudencia constitucional, lesionando principios, derechos y garantías tales como el debido proceso, la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva, la igualdad de partes, el derecho a ser oído previamente, acceso a la justicia y a la defensa entre otros; y, e) Es preciso reclamar y poner en conocimiento de las autoridades superiores, que la simple lógica y apreciaciones personales que no resguardan derechos y garantías constitucionales, no pueden ser consideradas resoluciones que causen estado, sin tan siquiera realizar una mínima actividad investigativa, tal como manda la Norma Suprema cuyo fin del Ministerio Público es buscar, descubrir, observar y analizar todos esos elementos que son objeto de estudio para explicar, describir y demostrar mediante su recolección y posterior presentación ante el Tribunal como sucedieron los hechos y quien lo cometió.