SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0005/2018-S4

Javier Rodrigo Celiz Ortuño y Gualberto Terrazas Ibáñez, Vocales de la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por informe presentado el 18 de octubre de 2017 cursante de fs. 846 a 848 vta., refirieron lo siguiente: i) La jurisprudencia constitucional se ha referido a la interpretación de la legalidad ordinaria, estableciendo la observancia de requisitos que no fueron mínimamente cumplidos por los accionantes, pues de la lectura de su demanda, no se identifican de manera alguna qué reglas de interpretación fueron omitidas o incumplidas en el Auto de Vista de 29 de octubre de 2015, limitándose a transcribir aspectos ocurridos en el proceso ordinario que ya fueron zanjados en las etapas concluidas; ii) Respecto a la falta de valoración de la prueba, no se cumplió con los requisitos establecidos en la jurisprudencia constitucional contenida en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0340/2016-S2;                iii) Emitieron el Auto de Vista en estricta observancia del art. 265 del CPC, y conforme los postulados del nuevo Estado Constitucional de Derecho, de acuerdo a los datos del proceso, y los agravios expresados en el memorial de recurso de apelación presentado, efectuando la valoración pertinente, analizando el caso concreto en el que se determinó que las alegaciones hechas por los demandados apelantes no tienen relevancia procesal alguna, encontrándose por ello que los agravios denunciados no resultan evidentes.

La SCP 1631/2013 de 4 de octubre, estableció lo siguiente: “…la línea jurisprudencial relativa a la revisión de la actividad de otros tribunales por parte de la justicia constitucional ha avanzado en términos evolutivos hasta consolidar la noción que la interpretación de la legalidad infra constitucional le corresponde a los tribunales de justicia y no a la justicia constitucional; sin embargo, ante la existencia de violación de derechos y garantías previstos en la Norma Suprema, excepcionalmente la justicia constitucional puede ingresar a valorar la actividad desarrollada en miras a brindar tutela. De lo referido, se deben precisar tres elementos de suma importancia: i) Las autoridades de los otros sistemas de justicia (civil, penal, familiar, agroambiental, administrativa) en realidad ejercen al igual que la justicia constitucional una actividad hermenéutica que parte de la Constitución e irradia a todo el ordenamiento jurídico; por ello a la luz del Estado Constitucional de Derecho no es válido hablar de ‘legalidad ordinaria’, pues todos los órganos de justicia se encuentran sometidos a la Constitución y su labor interpretativa parte de la misma; ii) La noción de ‘reglas admitidas por el Derecho’ rescatando una posición teórica decimonónica no agota las posibilidades hermenéutico - argumentativas de las autoridades judiciales, por ende, si bien los métodos de interpretación formalistas, pueden resultar útiles en la obtención de un resultado hermenéutico, no agotan todas las posibilidades que tiene la autoridad jurisdiccional en miras de satisfacer los principios fines y valores que se encuentran en la Constitución; iii) La revisión de la actividad interpretativa que realizan otras jurisdicciones que involucra el análisis de la motivación, congruencia, adecuada valoración de los hechos (valoración de la prueba) y adecuada valoración del Derecho (interpretación de las normas), no es la labor propia de la justicia constitucional, sin embargo, es insoslayable que las autoridades jurisdiccionales no se encuentran habilitadas a vulnerar derechos fundamentales, y en esa dimensión esta jurisdicción constitucional se encuentra facultada a vigilar que en todo fallo, providencia o decisión judicial que las autoridades judiciales se sometan a la Constitución; y, iv) Para que la jurisdicción constitucional analice la actividad interpretativa realizada por los tribunales de justicia, los accionantes deben hacer una sucinta pero precisa relación de vinculación entre los derechos fundamentales invocados y la actividad interpretativa - argumentativa desarrollada por la autoridad judicial. Demostrando ante esta justicia constitucional que se abre su competencia en miras a revisar un actuado jurisdiccional, sin que ello involucre que la instancia constitucional asuma un rol casacional, impugnaticio o supletorio de la actividad de los jueces.