SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0083/2018-S4
Fecha: 27-Mar-2018
a)
Rafael Fernando Rivero Terán, Gerente General del SSU de La Paz, mediante informe escrito de 23 de octubre de 2017, cursante de fs. 66 a 68 vta., y en audiencia, sostuvo que: a) Pedro Javier Monrroy Mariaca, se encontraba afiliado al “PROMES” de igual departamento y recibía prestaciones de salud en medicina general y en diferentes especialidades, así como los beneficios de exámenes auxiliares de diagnóstico y tratamiento, provisión de medicamentos, durante los años 2015, 2016 y 2017, conforme se corroboró en su historia clínica; b) Por el Informe de la Dirección de “PROMES”, la última atención al accionante fue el 1 de agosto de 2017, en la especialidad de oncología quirúrgica, sin que posteriormente hubiera retornado para prestar su consentimiento y ultimar con el médico tratante, la realización de la cirugía; c) Con relación a la carta cursada el 2 de agosto de 2017, la Dirección del citado Programa informó que el afiliado no cuenta con orden de internación por el servicio de oncología, de tal forma que no existió ni fue evidente que se le haya restringido el acceso a las prestaciones del SSU; d) Por protocolos médicos y procedimientos administrativos, la orden de hospitalización para cirugías programadas o de emergencia, debió otorgar el médico tratante y no la Dirección del referido Programa o la Gerencia General del mencionado Seguro, menos aún la ASINSA, instancia que no tiene competencia para impartir instrucción de internación o atención de pacientes a simple solicitud de parte; e) El impetrante pudo acudir al Defensor del Paciente o presentar recurso de reclamación ante el Directorio del SSU de la UMSA, denunciando supuestas contravenciones o vulneración de sus derechos, conforme dispone el Código de Seguridad Social ‒Ley de 14 de diciembre de 1956‒, su Reglamento y normativa legal conexa; y, f) Correspondía declarar la improcedencia de la acción; puesto que, no existió incumplimiento de disposición constitucional o legal que obligue al Gerente General del ya mencionado Seguro, expedir orden de hospitalización y cirugía, resultando además que la supuesta vulneración a sus derechos debió ser denunciada a través de una acción de amparo constitucional, previo el agotamiento de recursos e instancias administrativas.
Finalmente, a las preguntas formuladas por el Tribunal de garantías, agregó que no existió óbice alguno para la realización de la cirugía, siendo necesario que el accionante se someta a los exámenes de rigor ordenados por el médico tratante, como parte del procedimiento preparatorio a cualquier intervención quirúrgica.
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2.
- I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
- a)
- denegó
- II.1.
- II.2.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- II.7.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- i)
- III.1.
- potestad que tiene toda persona -individual o colectiva- de activar la justicia constitucional en defensa de la Constitución Política del Estado y de las normas jurídicas, ante el incumplimiento de deberes concretos contenidos en ellas.
- III.2.
- en tanto que si el deber omitido no reúne las características anotadas, sino que se trata de un deber genérico, pero vinculado a la lesión de derechos o garantías fundamentales…corresponde la formulación de la acción de amparo constitucional
- Sin embargo, existen casos en los que si bien los hechos y derechos denunciados no responde al ámbito de protección de las acciones tutelares presentadas; empero, de manera incontrastable se verifica una flagrante lesión a derechos fundamentales y garantías constitucionales, más aún cuando se trata de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, supuestos en los cuales, los jueces y tribunales de garantías, al igual que el Tribunal Constitucional Plurinacional, sobre la base de los principios de celeridad, concentración, no formalismo, respeto a los derechos fundamentales, prevalencia del derecho sustancial respecto al formal, pro actione y justicia material, debe evaluar la posibilidad de reconducir la acción de defensa erróneamente formulada.
- Este análisis es ineludible cuando la acción de defensa ha sido tramitada y, en la fase de revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, se deba emitir la Sentencia Constitucional correspondiente, pues, adicionalmente, este Tribunal, en virtud a una interpretación previsora, debe analizar el perjuicio que la dilación implica para la parte accionante y, en general para la justicia constitucional, toda vez que se estaría demorando la revisión del análisis del fondo del problema jurídico planteado, donde existe una evidente lesión a derechos fundamentales o garantías constitucionales, debido a un error en la formulación de la acción de defensa en cuestión
- III.3.
- [1]
- no obstante las acciones de defensa tienen delimitados sus requisitos de admisibilidad así como un procedimiento específico y que en su tramitación, según la naturaleza de la acción de defensa invocada, deben exigirse la concurrencia de formalismos que ayudan a preservar su naturaleza excepcional, ello no significa que deba darse prioridad a estas formalidades, entendidas como una unidad, por encima de la esencia misma del sistema de control tutelar cuyo fin primordial es el resguardo de derechos fundamentales y garantías constitucionales
- la reconducción de acciones es posible en sede constitucional cuando los jueces y tribunales de garantías, así como el propio Tribunal Constitucional Plurinacional, adviertan que es imprescindible otorgar una tutela inmediata a los derechos y garantías invocados, ya sea porque, de postergarse la tutela, ésta sería tardía, tornándose en irreparable la lesión a los derechos o garantías de la o el accionante, o porque se trata de personas o grupos en condiciones de vulnerabilidad, que merecen una atención prioritaria por parte del Estado y de la justicia constitucional, la cual no puede subordinarse a aspectos formales que demoren la tutela de sus derechos
- el razonamiento o doctrina constitucional precedentemente referido (reconducción o conversión de acciones) no opera ni es aplicable en todos los casos
- Por lo tanto, la reconducción o reconversión de las acciones constitucionales, está reservada única y exclusivamente para grupos que demanden una protección constitucional reforzada; es decir, para personas con capacidades especiales o diferentes (discapacitados); para la minoridad (niños, niñas y adolescentes); para pueblos indígena originario campesinos, así como afrodescendientes; personas de la tercera edad o adultos mayores; mujeres en estado de gestación; y, personas con enfermedades graves o terminales
- III.4.
- , ‘estableciendo su relación de conexidad con el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal y el derecho a la dignidad humana’;
- la seguridad social como derecho constitucional: ‘…adquiere su esencia de fundamental cuando atañe a las personas cuya debilidad es manifiesta, es decir, que requieren de la misma para seguir con vida, tal el caso de los pacientes con enfermedades crónicas o incurables. De esta manera cuando una entidad pública o particular, tiene a su cargo la prestación de la seguridad social en salud a persona en estas situaciones, su incumplimiento acarrea un grave perjuicio. Es como consecuencia de esa protección especial que dichas personas requieren, que el derecho a la seguridad social adquiere su esencial condición de derecho fundamental, pues con su inobservancia, se colocan en peligro otros derechos fundamentales, como la vida, la dignidad humana, la integridad física’
- III.5.
- III.6.
- Fragmento 31
- III.6.1. Cumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción de amparo constitucional
- Fragmento 33
- III.6.2. Verificación de la vulneración a los derechos fundamentales invocados
- [7]
- REVOCAR
- MAGISTRADO