AUTO CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0015/2018-O
Fecha: 06-Abr-2018
II.1.
II.1. De acuerdo a Resolución 05 de 24 de agosto de 2015, se advierte que el Juez de Partido y de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz, habiendo constatado la lesión del derecho a acceder a la función pública y al trabajo, al disponerse la suspensión del acto de posesión para el cual fue designado el accionante Bello Ávila Lijerón, no existiendo causa justificable para no posesionarlo ni encontrarse el cargo en controversia, concedió la tutela solicitada por el impetrante de tutela, con relación a la Presidenta del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento, Miriam Rosell Terrazas, disponiendo que, sin dilaciones, se señale fecha para la posesión correspondiente, por cuanto cursa en obrados el memorándum de designación y la resolución donde se declara suspendido el acto de posesión; y, denegó en cuanto a los Vocales demandados, William Torrez Tordoya, Juan Hugo Iquise Saca, Jimmy Fernando López Rojas, Sergio Cardona Chávez, Sigfrido Soleto Gualoa, Teresa Lourdes Ardaya Pérez, Samuel Saucedo Iriarte, Alaín Núñez Rojas, Zenón Rodríguez Zeballos, Adhemar Fernández Ripalda, Edgar Molina Aponte, Edhita Pedraza Becerra, Mirael Salguero Palma y Victoriano Morón Cuéllar (fs. 237 vta. a 239).
- Fragmento 1
- I.1. Contenido de la denuncia
- CONFIRMAR EN TODO
- I.1.1. Petitorio
- NO HA LUGAR
- 1)
- I.4. Respuesta al traslado de la impugnación
- I.5. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- III.1.
- el juez o tribunal de garantías que conoció la acción tutelar, una vez conocida la queja por demora o incumplimiento en la ejecución de sentencias emanadas de acciones tutelares, con la finalidad de asegurar un debido proceso, en el plazo de veinte cuatro horas desde el conocimiento de este mecanismo, solicitará informe y demás medidas o documentación pertinente a la autoridad o particular obligado a cumplir una decisión emergente del control tutelar de constitucionalidad
- El juez o tribunal de garantías, en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas, mediante auto expreso, rechazará la queja o la concederá, asumiendo en este último supuesto las medidas necesarias para el cumplimiento de estas resoluciones
- Con la resolución pronunciada por el juez o tribunal de garantías, se notificará a las partes procesales, estando facultado el activante de la queja, en caso de estimar dilación o incumplimiento de la resolución emergente de una acción tutelar, a presentar la misma ante el Tribunal Constitucional Plurinacional
- Por su parte, el Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante la sala que emitió la sentencia con calidad de cosa juzgada, resolverá mediante Auto Constitucional la queja interpuesta por demora o incumplimiento a resolución constitucional con calidad de cosa juzgada, debiendo confirmar total o parcialmente o en su caso revocar, la decisión del juez o tribunal de garantías que conoció inicialmente la queja por mora o incumplimiento a decisiones constitucionales con calidad de cosa juzgada constitucional, decisión que deberá ser cumplida de manera inmediata
- la resolución que defina una problemática en la vía constitucional, en atención al derecho de tutela judicial efectiva y al debido proceso que hace al proceso constitucional debe ser cumplida a cabalidad; es decir, sin que el resultado de su cumplimiento sea inferior a lo determinado por la justicia constitucional pero que tampoco se produzca un sobrecumplimiento de lo ordenado, ello en atención a que la autoridad judicial está obligada a resolver el cumplimiento respecto a lo debatido y dispuesto por la justicia constitucional
- la parte victoriosa puede denunciar el incumplimiento de una sentencia constitucional plurinacional mientras que la parte demandada puede denunciar su sobrecumplimiento
- Fragmento 22
- III.2.1 Sobre el trámite procesal llevado a cabo ante el Tribunal Constitucional Plurinacional
- “No ha lugar a establecer la demora o incumplimiento en la ejecución de la decisión emergente de la tutela concedida, toda vez que se tiene acreditado su cumplimiento por parte de la autoridad accionada”
- HA LUGAR