SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0252/2018-S2
Fecha: 12-Jun-2018
III.6. Análisis del caso concreto
De los datos y prueba apuntada en el legajo procesal, se tiene que David Ricardo Caicedo Balcázar, Juez Público Civil y Comercial Vigesimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz y Miguel Ángel Brito Yucra, abogado en el ejercicio libre de la profesión, coimputados dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Publico en su contra, por el delito de consorcio entre jueces, fiscales policías y abogados, fueron beneficiados con medidas sustitutivas a la detención preventiva por Auto Interlocutorio 58/2017, emitido por la Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz; el 15 de septiembre de 2017, se amplió la denuncia del delito que se les atribuyó a Carola Patricia Hoyos Ortiz, Secretaria del Juzgado Público Civil y Comercial Vigesimosegundo, en grado de complicidad; mediante Auto de Vista 251, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justica de Santa Cruz, resolvió revocar la Resolución de la Jueza a quo e imponer detención preventiva a los ahora accionantes; toda vez que, habiéndose ampliado la investigación contra la Secretaria del Juzgado objeto de la investigación del supuesto delito y siendo ésta dependiente del coimputado quien es autoridad jurisdiccional, se consideró que concurría el riesgo procesal de destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba en el marco de lo dispuesto por el art. 235.1 del CPP, tanto para el Juez como para Miguel Ángel Brito Yucra quien fue hallado en flagrancia en el referido Juzgado.
- acción de libertad
- I.1.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- 1)
- concedió
- I.2.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.2.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
- I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- Expediente 21645-2017-44-AL,
- Expediente 21669-2017-44-AL
- III.1. Del derecho a la defensa
- sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar”
- está obligado igualmente a dictar una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP
- entonces, cuando se omite o dicha fundamentación es insuficiente, significa que la autoridad tomó una decisión de hecho y no de derecho, vulnerando el debido proceso
- es posible concluir que los tribunales de alzada sólo pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expresados en la apelación
- En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP
- no debe tomar un solo elemento de los previstos en los arts. 234 y 235 CPP para sostener su decisión de rechazo, sino que debe valorar todos los elementos y finalmente decidir en la forma que sea menos gravosa para el imputado, lo que no implica que por ello, ponga en riesgo el desarrollo del proceso y la averiguación de la verdad
- cesación
- la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia
- el principio de congruencia, se manifiesta en la concordancia entre lo pedido y la decisión judicial
- III.6. Análisis del caso concreto
- Fragmento 26
- Expediente