SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0352/2018-S4

Ahora bien, conviene precisar que el resultado final de una auditoria gubernamental es un dictamen, el cual puede encontrar indicios de responsabilidad de distinta naturaleza, así sea civil, penal o administrativa; empero, la determinación de la existencia o no de la responsabilidad corresponde al órgano correspondiente, así en caso de que el dictamen del Contralor General de la República identifique responsabilidad penal, corresponderá a las autoridades jurisdiccionales determinarla por medio de un proceso penal; de igual forma, cuando se identifiquen indicios de responsabilidad civil, corresponde a un proceso coactivo fiscal su determinación, siendo el dictamen de responsabilidad civil emitido por el Contralor General de la República sólo una prueba susceptible de ser desvirtuada, así se ha manifestado el Órgano Jurisdiccional ordinario, pues en ese sentido el Auto Supremo 200 - Coactivo Fiscal, de 20 de julio de 2005, emitido por la Sala Social y Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, ha establecido la siguiente doctrina jurisprudencial: ‘Siendo útil en este punto dejar establecido que, si bien es cierto que los Informes de Auditoría elaborados por la Contraloría y aprobados por el Contralor General de la República, tienen la calidad de instrumento con fuerza coactiva suficiente para promover la acción coactiva fiscal, conforme previene el art. 3 del Procedimiento Coactivo Fiscal elevado a rango de Ley por el art. 52 de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental, también es evidente que son opiniones técnico-jurídicas que no constituyen normas ni verdades jurídicas inamovibles, como erróneamente entiende el recurrente, por lo que, sometidas al proceso coactivo fiscal admiten prueba en contrario’. Del mismo modo, la doctrina jurisprudencial que emana de la labor jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia, ha establecido que en el proceso coactivo fiscal se puede ingresar al análisis de los indicios encontrados por un dictamen de responsabilidad civil, y en caso de identificar una indebida o errónea aplicación de las normas legales o en la compulsa de la prueba en el dictamen, éste podrá quedar sin efecto alguno…” (las negrillas nos pertenecen).

Determinación respecto a que el dictamen de responsabilidad civil sometido al proceso coactivo fiscal admite prueba en contrario, criterio que orientó lo desarrollado en la SCP 0391/2017-S2 de 25 de abril, que señaló: “…es en un proceso coactivo fiscal, en el cual se analizarán los indicios encontrados por el Dictamen de Responsabilidad Civil y donde precisamente el accionante podrá controvertir todo lo alegado en esta acción tutelar como instancia legal e idónea para cuestionar lo que ahora impugna y presentar todas las pruebas que considere pertinentes para argumentar, ejerciendo su amplia defensa para que sea la autoridad judicial competente de la jurisdicción ordinaria, la que en definitiva establezca la existencia o no de responsabilidad civil del accionante a través de una sentencia, que a su vez podrá ser objeto de los recursos que la ley le franquea…”.