SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0443/2018-S1

Con relación a la primera actuación fiscal que la coaccionante considera lesiva a sus derechos, relacionado con la presunta aprehensión ilegal (Conclusión II.1) que se hubiere ejecutado en su contra, de antecedentes se tiene que en audiencia pública celebrada el 21 de abril de 2018, la defensa técnica de la nombrada interpuso “...incidente de actividad procesal defectuosa y mandamiento de aprehensión ilegal a los alcances del Art. 167 y Art. 169 numeral tercero de la ley fundamental, también del Art. 296 del código de procedimiento penal en su numeral 1);3);5);7) y 8)...” (sic); dictando en consecuencia el Juez demandado, la Resolución 328/2018 de 21 de abril,  por la cual declaró: “...INFUNDADA EL INCIDENTE DE APREHENSIÓN ILEGAL POR PARTE DE LA POLICIA Y POR PARTE DEL MINISTERIO PUBLICO...” (sic); constando reserva de apelación incidental anunciada por el abogado de la defensa (Conclusión II.2.), constando que dicha determinación judicial fue apelada por la referida coaccionante por memorial presentado el 23 de abril de 2018, mereciendo decreto de 24 de igual mes y año, por el que se dispuso que dicha impugnación sea puesta a conocimiento de las partes, para que posteriormente cumplido el plazo que establece la norma procesal penal, se remita al Tribunal de alzada, constando oficio de remisión de 26 del mismo mes y año (Conclusión II.4).

Al respecto, cabe traer a colación la jurisprudencia constitucional contenida en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, que en sus razonamientos sostiene la probabilidad -distinta a la vía del control jurisdiccional- del cuestionamiento de posibles aprehensiones ilegales por la vía del incidente de actividad procesal defectuosa ante el Juez de la causa, medio que de ser activado ineludiblemente debe ser agotado en todas sus instancias procesales, y una vez concluidas las mismas a través de una resolución final recién podría abrirse la vía constitucional a través de la acción de libertad.

Bajo este entendimiento jurisprudencial en el caso sub judice tal cual se tiene señalado, se evidencia que la ahora coaccionante haciendo uso de los medios de defensa que el ordenamiento jurídico le franquea, interpuso dentro del proceso penal incidente de actividad procesal defectuosa para reclamar la presunta aprehensión ilegal en su contra, reclamación procesal que fue resuelta por el Juez hoy demandado declarando infundado el mismo, motivo por el cual formuló el recurso de apelación incidental correspondiente; en este contexto se puede afirmar que habiendo la nombrada activado la denuncia de aprehensión ilegal bajo el mecanismo de incidente de actividad procesal defectuosa, previo a la interposición de esta acción de libertad, este debió concluir en todas su instancias procesales con la respectiva resolución final, circunstancia procesal que no aconteció, imposibilitando que esta jurisdicción analice el fondo de la problemática planteada, ante la inexistencia de pronunciamiento definitivo dentro de la jurisdicción ordinaria con relación a la denunciada aprehensión ilegal, razón por la que respecto a este acto lesivo corresponden denegar la tutela impetrada.

Por otra parte, con relación a la denunciada indebida emisión del mandamiento de aprehensión contra el impetrante de tutela, de la revisión de obrados como de los argumentos expuestos por las partes procesales dentro de esta acción de defensa, a más de las sucintas menciones que realiza la parte accionante respecto a la existencia de este y una presunta actitud de amedrentamiento que ejerciera la autoridad fiscal     -hoy codemandada- a través de la emisión de estos actuados, no se evidencia de forma alguna la existencia del mismo, por lo que no es posible dar por evidenciada su aludida emisión como su constatación material, no obstante ello, es pertinente recordar al accionante, que de considerar que dicha actuación fiscal que señala hubiese sido dispuesta, atentaría a sus derechos, con carácter previo y dentro del marco normativo previsto en los arts. 54.1 y 279 del CPP, el nombrado puede acudir ante la autoridad jurisdiccional que ejerce el control jurisdiccional -Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de El Alto del departamento de La Paz-, a fin de realizar las reclamaciones que considere atingentes para el resguardo y protección de sus derechos, y solo agotados los mecanismos de defensa intraprocesal acudir ante esta jurisdicción, razones por las cuales dentro de la problemática abordada tampoco corresponde abrir el ámbito de protección constitucional esta acción tutelar.