SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0845/2019-S4
Fecha: 02-Oct-2019
II.1.
II.1. El 27 de junio de 2016, Teresa Murillo, en su calidad de servidora pública de la Unidad de Transparencia Institucional, interpuso, ante el Juez Disciplinario de Turno del Distrito Judicial de Santa Cruz, denuncia por falta grave, en contra de Livia Santa Alarcón Aranda, Jueza de Instrucción Penal Décimo Tercera del departamento de Santa Cruz, en mérito a que producto de una inspección y verificación a su despacho, se constató que faltaban varios actuados y resoluciones dentro del proceso penal seguido en contra de Kirk Douglas Silva Herrera (procesado por la supuesta comisión del delito de conducción peligrosa), por lo que sostuvo que esta autoridad jurisdiccional cometió las faltas disciplinarias graves establecidas en el art. 187.14 de la LOJ (Omitir, negar o retardar indebidamente de los asuntos a su cargo o la prestación del servicio al que están obligados) y el numeral 2 del mismo artículo (no promover la acción disciplinaria contra su personal auxiliar, estando en conocimiento de alguna falta grave), por ello solicitó que se admitiera la denuncia y se proceda a sancionarla con la suspensión de funciones, conforme los parámetros establecidos en el art. 208.II de la referida Ley (fs. 29 a 30 vta.).
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
- I.2.2. Informe de las autoridades demandadas
- conceder la tutela;
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- Fragmento 11
- III.1. El derecho a la defensa como parte del debido proceso
- derecho a ser oído
- i)
- arbitrariedad
- relevancia constitucional
- III.3. Sobre la revisión de la actividad jurisdiccional de otros tribunales
- 1) Por vulneración del derecho a un Resolución congruente y motivada que afecta materialmente al derecho al debido proceso y a los derechos fundamentales que se comprometen en función de tal determinación; 2) Por una valoración probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad; y, 3) Por una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico, que más allá de las implicancias dentro del proceso judicial o administrativo lesiona derechos y garantías constitucionales.
- III.3. Análisis del caso concreto
- CONFIRMAR
- MAGISTRADO