SENTENCIA CONSTITUCIONAL Plurinacional 0918/2019-S2

               El Tribunal de apelación, cuando resuelve en alzada la resolución que rechazó una solicitud de cesación de la detención preventiva, está obligado a motivarla y fundamentarla, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de confirmar la determinación del Juez inferior o revocarla; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos en el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del citado Código, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del mismo cuerpo legal; puesto que, solo cuando se fundamenta debidamente estas dos situaciones, se puede confirmar la decisión de mantener una detención preventiva o en su caso revocarla y disponer la libertad.

               Según los antecedentes del caso, el Tribunal de apelación demandado, efectuó una debida fundamentación y motivación, al realizar un análisis ponderado de las razones que determinaron la imposición de la detención preventiva y sobre los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado para demostrar que ya no concurren los motivos que la impusieron, o en su caso, demuestren la conveniencia de que la medida sea sustituida por otra; sin embargo, dicha fundamentación es incongruente con la parte dispositiva de dicho Auto; toda vez que, declaró improcedente el recurso de apelación, con el fundamento de que el impetrante de tutela simplemente solicitó la modificación de las medidas cautelares y la revocatoria del Auto impugnado.

Conforme a ello, es evidente que el Tribunal de alzada demandado, no reparó los actos denunciados por el imputado en su recurso de apelación; al contrario, incurrió en las omisiones a momento de determinar la procedencia o no del recurso de apelación; debe recordarse, que la imposición de la medida cautelar y la necesidad de mantenerla, debe superar el test de ponderación sobre su necesidad, urgencia y adecuación a los fines constitucionales; conforme se desarrolló el fundamento jurídico III.2 del presente fallo constitucional, el Tribunal de alzada al momento de conocer y resolver los recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o disponga la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP; en ese entendido, no es un justificativo señalar que fue debido a que el impetrante de tutela se limitó a solicitar la revocatoria del auto impugnado; consecuentemente, corresponde otorgar la tutela también respecto a los Vocales codemandados.