SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0920/2019

En ese sentido y en el ejercicio de la metodología de ponderación, se concluye que los derechos y garantías del imputado, en el caso concreto el derecho a la igualdad de oportunidades, no se sobreponen, automáticamente, a los derechos de la víctima que de igual manera demanda de protección reforzada a su favor (Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional) y obliga al Estado a otorgarle procedimientos legales justos y eficaces, así como la de cumplir con la debida diligencia para investigar, juzgar, sancionar y reparar hechos de violencia y eliminar las limitaciones jurídicas e institucionales para proteger eficazmente y de manera inmediata a las víctimas de violencia; asimismo, se advierte que la resolución ahora cuestionada, justificó la medida cautelar de detención preventiva, porque estuvo fundada en precautelar los derechos de los imputados, por la amenaza y riesgo a su vida por los habitantes de la localidad de San Ramón, quienes anoticiados de los hechos pretendían hacer justicia por mano propia.

De ello se extrae que la Jueza demandada, actuó en el marco de las obligaciones concretas derivadas de la Ley 348 y de las normas internacionales de protección a las mujeres víctimas de violencia, que obligan a los agentes estatales a actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; así como otorgar las garantías a las mujeres en situación de violencia desde el momento del hecho constitutivo de violencia, garantizando su derecho de acceso a la justicia, además de precautelar la vida de los imputados.

Consiguientemente, la determinación asumida por la autoridad judicial, se justifica plenamente debido a que, conforme a los elementos de prueba presentados y las particularidades del caso, existe un presunto cuadro de violencia sexual hacia la víctima, con suficientes elementos de prueba indiciarios y un riesgo inminente hacia sus derechos; aspectos que fueron considerados por la autoridad judicial demandada para otorgar, en el caso concreto, preponderancia a la  protección de los derechos de la víctima.