SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0935/2019-S2

Edgar Antonio Suarez Chumacero, en audiencia, informó lo siguiente: 1) Para el 29 de julio de 2013 se tenía previsto el acto de remate; empero, a pedido de los deudores firmó una transacción, en cuya mérito, levantó los gravámenes con el compromiso que se le pagaría la deuda hasta el “11 de agosto” con el dinero proveniente de un préstamo que obtendrían del Banco Mercantil; sin embargo, no cumplieron con dicha obligación a pesar de haber obtenido el mencionado préstamo; 2) Respecto a la perentoriedad, es la SCP 1088/2013 la que señala que el plazo legal se computa de momento a momento; asimismo, la              SC 0819/2006-R de 22 de agosto, establece que procede el recurso de casación en los procesos de quiebra; 3) También invoca la cosa juzgada a la que se refiere la SCP 2184/2012 de 8 de noviembre; y, 4) Los accionantes han hecho uso del incidente de nulidad, respecto al cual aún no se pronunció la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, que acredita con el certificado que presenta, por lo cual pide la denegatoria de la tutela.

           Esta distinción jurisprudencial entre fundamentación y motivación desde la protección del contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada -Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 de 8 de noviembre y 0100/2013 de 17 de enero- no solo visibiliza un uso diferenciado de términos, sino una distinción conceptual que incide en la exigencia de justificación de toda decisión; toda vez que: 1) La fundamentación se refiere a la obligación de las autoridades, en especial de las jurisdiccionales, de citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos en los que se apoye su determinación, así como de justificar la utilización de dichas disposiciones normativas o de interpretarlas de una determinada manera; es decir, consiste en la justificación normativa de la decisión que da por resultado la construcción de la premisa normativa; en cambio; y, 2) La motivación hace referencia a la serie de razonamientos lógico-jurídicos que permiten entender, el porqué un determinado caso se ajusta a la hipótesis normativa planteada en el mismo, significa que la motivación es la manifestación de los razonamientos que llevaron a la autoridad a la conclusión que el acto concreto que se trate, se encuentra por una parte, probado, lo que supone que la autoridad judicial debe explicar las razones por las que considera que la premisa fáctica se encuentra probada, poniendo de manifiesto la valoración de la prueba efectuada, y por otra, explicando el porqué el caso encuadra en la hipótesis prevista en el precepto legal, elementos con los cuales se realiza la justificación fáctica de la decisión y se construye la premisa fáctica.