SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0021/2019-S3

La Jueza Pública de Familia Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución de 30 de noviembre de 2018, cursante de fs. 551 a 562 vta., concedió la tutela solicitada, declarando nula la segunda vuelta electoral de 6 de abril de 2018, en la que se eligió al Directorio de ASPROFAR Cochabamba gestión 2018-2020, disponiendo que se convoque a una segunda vuelta electoral en el plazo de sesenta días calendario a partir de la fecha de dicha Resolución, que se llevará a cabo con el mismo padrón electoral de la primera vuelta electoral; bajo los siguientes fundamentos: a) Si bien, el art. 2 de la Resolución 2 del Comité Electoral de la mencionada Asociación, indica que la misma es revisable a instancia de una asamblea de los ciento sesenta y tres electores que participaron en el segundo balotaje; sin embargo, el art. 26 del Reglamento de Elecciones del Colegio de Bioquímica y Farmacia de Bolivia, refiere que las decisiones del Comité Electoral son irrevisables e inapelables; en consecuencia, la referida Resolución es inapelable, por tanto “los accionados” -debió decir las accionantes- no tienen otra vía para hacer valer sus derechos, quienes además objetaron las decisiones del Comité Electoral y solicitaron la nulidad del acto eleccionario, planteando la presente acción dentro del plazo establecido en el art. 55 del Código Procesal Constitucional (CPCo); b) La asamblea de ASPROFAR Cochabamba, el 5 de diciembre de 2017, determinó que en el proceso eleccionario se aplique el “Estatuto” -debió decir Reglamento de Elecciones- del Colegio de Bioquímica y Farmacia de Bolivia, el que en su      art. 26 establece que las decisiones del Comité Electoral son irrevisables e inapelables; asimismo, la convocatoria hace constar que las elecciones se sujetaran supletoriamente al Reglamento de Elecciones del citado Estatuto, y cualquier contemplación no estipulada será analizada y decidida por dicho Comité; c) El mencionado Comité, en su Resolución 1 de 29 de marzo de 2018, determinó que se lleve a cabo la segunda vuelta el 6 de abril del año indicado e instruyó la apertura del padrón electoral; sin embargo, incomprensiblemente invocando los arts. 46 y 47 del aludido Reglamento, la segunda vuelta se llevó a cabo no con el mismo padrón electoral de la primera vuelta y con un intervalo de trece días entre la primera y la segunda, incumpliendo el art. 53 inc. b) de la LRE; d) Se soslayó el art. 30 del Reglamento de Elecciones argüido, ya que se dispuso una sola publicación de la convocatoria para la segunda vuelta, la de 5 de abril de 2018; por lo que no se cumplió con el debido proceso; e) Las accionantes no manifestaron la forma en que se afectó su derecho al sufragio activo o pasivo; f) Las cartas de 29 de marzo y 3 de abril del mismo año, no tuvieron respuesta, vulnerando los derechos a la petición y a una respuesta pronta y oportuna, no siendo valedero el argumento que el contenido de las mismas al estar comprendidas en la solicitud de nulidad del acto eleccionario, fueron resueltas en la Resolución 2 de 11 de abril del indicado año; g) Las peticionantes de tutela efectuaron observaciones, presentaron impugnaciones y plantearon la nulidad del acto eleccionario, por lo que no se advierte vulneración al derecho a la defensa; h) Asimismo, no presentaron fundamento jurídico constitucional sobre la vulneración al derecho a recurrir; i) La verdad material al ser un principio, no puede ser tutelado mediante la acción de amparo constitucional; y, j) Los hechos descritos en los informes de las demandadas Margoth Sandra Arias Medinacely y Seidy Antonieta Luisaga Delgadillo, al tratarse de hechos controvertidos, no corresponden considerarse a través de esta acción.

Mediante providencia de 3 de diciembre de 2018, cursante a fs. 568, se declaró sin lugar a la complementación solicitada por la accionante Yovana Eugenia Cazorla Bernal. Asimismo, por Auto de la misma fecha, cursante a fs. 573, se declaró sin lugar a la complementación y enmienda pedida por la demandada Rosario Oros Pinto.