SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0026/2019-S3

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves en su contra, se dispuso su detención preventiva a cumplirse en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz. Posteriormente, solicitó cesación a la misma, fijándose la audiencia al efecto para el 10 de octubre de 2018, en la cual, ante el reclamo por parte de la defensa de la víctima de existir dos apelaciones pendientes de resolver, solicitó suspensión de dicho acto procesal, ante lo cual, la Jueza demandada refirió que no se hubieran cumplido con las formalidades de rigor para remitir al tribunal de alzada prosiguiendo la misma.

Luego de que el Ministerio Público manifestara que se hubiera desvirtuado el riesgo establecido en el art. 234.10 del Código de Procedimiento Penal (CPP), y respecto de la conveniencia en relación al riesgo de obstaculización del art. 235.2 del mismo cuerpo legal, la autoridad jurisdiccional demandada realizó dos cuartos intermedios, y de manera sorprendente desestimó su pretensión de cesación, sin considerar lo expuesto de su parte y de la referida institución, señalando que existen dos apelaciones pendientes interpuestas por la querellante y el coimputado contra la Resolución 364/2018 de 2 de octubre emitida dentro de una anterior audiencia de cesación, procediendo a la devolución de las pruebas que se presentaron, arguyendo además que no se ha considerado en el fondo y que se podría volver a considerar las pruebas presentadas.

Finalmente, se evidencia la vulneración de su derecho a la libertad que debió definirse en la referida audiencia, en la cual de manera irregular fue desestimada, contradiciéndose con la instalación de la misma, extremo que, pese a ser puesto a conocimiento de la autoridad demandada al inicio del acto procesal referido, definió su prosecución, efectuando así un procesamiento indebido.