SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0085/2019-S1

No obstante, a lo determinado precedentemente, cabe hacer algunas precisiones en cuanto a la actuación de la Jueza de garantías; toda vez que, de la revisión del expediente se constata que, la demanda de acción de amparo constitucional fue interpuesta el 7 de junio de 2018 y mediante  Auto de 14 del referido mes y año, la Jueza Pública Civil y Comercial Novena del departamento de Cochabamba -Jueza de garantías-, con carácter previo a la admisión de la misma, solicitó al accionante acredite la existencia del Contrato de Trabajo a Plazo Fijo 93/2017; Resolución con la que se notificó al impetrante de tutela el 3 de julio del citado año y fue cumplida mediante memorial de subsanación de 4 del mes y año señalados; luego de lo cual, mediante Auto de 11 de igual mes y año, admitió la presente acción de defensa, ordenando se cite a la autoridad demandada y fijando audiencia para el “…subsiguiente día hábil de su legal citación, a horas 9:30…” (sic); diligencia que se hizo efectiva recién -el jueves 26 de julio de 2018-, llevándose a cabo finalmente la audiencia, el 30 del mes y año señalados; siendo que el art. 56 del Código Procesal Constitucional (CPCo), es claro al establecer que: “Presentada la acción, la Jueza, Juez o Tribunal señalará día y hora de audiencia pública que tendrá lugar dentro de las cuarenta y ocho horas de interpuesta la acción. Para el efecto se dispondrá la notificación personal o por cédula a la autoridad o persona accionada” (el resaltado es nuestro); norma que evidentemente fue incumplida por la Jueza de garantías, quien se excedió en los plazos legalmente previstos sin justificativo alguno, incurriendo en una dilación innecesaria, desconociendo la naturaleza y carácter de esta acción tutelar extraordinaria, que por sus características, tiene por objeto proteger de forma inmediata al solicitante de tutela, de posibles vulneraciones a sus derechos fundamentales; por ello, corresponde llamar la atención a la aludida autoridad.