SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0128/2019-S4

El Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 0501/2011-R de 25 de abril, refirió lo siguiente: “…el principio pro actione se constituye como es deber de interpretar las normas procesales en el sentido más favorable a la admisibilidad de la acción, lo que también evita pronunciamiento de inadmisibilidad por defectos que puedan ser subsanados sin dar la oportunidad de hacerlo, prohibiendo asimismo la discriminación al acceso de la justicia de cualquier persona y brindar una justicia pronta y oportuna, sin dilaciones.

Así, el constituyente boliviano, incluyó de manera acertada dicho principio dentro del texto constitucional, de esta manera, la Constitución Política del Estado, en su art 14.III señala: ‘El Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos” de igual forma, el 14.V establece: ‘Las leyes bolivianas se aplican a todas las personas, naturales o jurídicas, bolivianas o extranjeras, en el territorio boliviano’; dichos artículos se encuentran vinculados y concordantes con el art. 115 del texto constitucional que indica: ‘I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones’” (el resaltado y subrayado es nuestro).

Dicha jurisprudencia, en aplicación del derecho de subsanación otorgado a las partes procesales sostiene que todo apelante tiene la posibilidad de subsanar su recurso, cuando no se hayan cumplido ciertas formalidades establecidas en la norma; puesto que, conforme lo manifestado anteriormente el artículo 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en procesos judiciales, así éste fue concebido para efectivizar la revisión de los fallos dictados en el proceso penal de acuerdo a su normativa; es así que, el Código de Procedimiento Penal, en la parte relativa a los recursos en su art. 406 señala que: “Recibidas las actuaciones, las Corte Superior de Justicia decidirá, en una sola resolución, la admisibilidad del recurso y la procedencia de la cuestión planteada, dentro de los diez días siguientes, salvo lo dispuesto en el artículo 399 de este Código”. dicho precepto –art 399 del CPP- establece que : “Si existe defecto u omisión de forma, el tribunal de alzada lo hará saber al recurrente, dándole un término de tres días para que lo amplíe o corrija, bajo apercibimiento de rechazo…”; en tal sentido el Tribunal de Alzada se encuentra compelido, una vez conocido el recurso, de hacer saber al recurrente sobre la existencia de defectos u omisiones de forma, dándole un término de tres días para que lo amplíe o corrija bajo apercibimiento de rechazo.