AUTO CONSTITUCIONAL 0133/2019-RCA

         Al respecto la jurisprudencia constitucional dispuso que los conflictos  suscitados durante la ejecución de un contrato o respecto a la resolución del mismo, para que sean considerados en una acción de amparo constitucional, previamente deben ser resueltos mediante la vía del proceso contencioso; en tal sentido, la SCP 0928/2012 de 22 de agosto, estableció: “Es necesario subrayar que el régimen de contratación del Estado, en el que se encuentra el procedimiento de resolución de contratos administrativos de pleno derecho, aún tenga esta naturaleza jurídica de pleno derecho, debe observar y ser respetuoso de los valores y principios contenidos y declarados en la NB-SABS, como son: responsabilidad, transparencia, integridad, justicia, verdad, respeto a las personas, contenidas en los arts. 7 a 14 de dichas normas y el respeto a los derechos fundamentales del administrado, debido a que ese procedimiento finalmente se decantará e un acto administrativo denominado resolución de contrato, el que al ser una manifestación de la voluntad de la administración, producirá efectos jurídicos respecto del administrado, por lo mismo, debe sujetarse al orden jurídico y al respeto de las garantías y derechos de éste, abriéndose la vía judicial correspondiente para el control de legalidad ante su quebrantamiento, previa antes de la activación de la justicia constitucional a través del amparo constitucional” (el resaltado es nuestro).