SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0340/2019-S2

El accionante manifiesta que con la finalidad de trasladarse a la ciudad de Brasil para un tratamiento médico, solicitó su desarraigo a la autoridad judicial ahora demandada; sin embargo, la misma ordenó que previamente el solicitante cumpla una fianza económica de Bs20 000.-, sin haber tomado en cuenta que dentro del proceso penal que se sigue en su contra, ya se impuso una fianza de igual naturaleza, extremo que vulnera sus derechos a la vida y la salud; toda vez que, se impone una doble fianza, la cual resulta de imposible cumplimiento y no permite que pueda trasladarse al exterior a objeto de recibir su tratamiento.

Por su parte, el art. 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) señala que: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”. Así mismo el art. 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) de 16 de diciembre de 1966, elevado a rango de Ley de la República mediante Ley 2119 de 11 de septiembre de 2000, dispone que: “El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la Ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente”.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece obligaciones a sus Estados miembros a efectos de efectivizar y materializar los referidos derechos, de este modo, en su art. 1.1, señala que: “Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas, o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.