SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0442/2019-S3

Por su delicado estado de salud, no puede permanecer por encima de los 2.000  m snm, ni recibir tratamiento en hospitales de segundo y tercer nivel de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, tampoco en el Hospital Municipal de Caranavi porque no cuenta con un equipo e infraestructura adecuada para tramitar sus dolencias; así, debe recibir tratamiento médico en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra -donde se encuentra-, viéndose limitado de efectuar consultas y valoraciones por la grave amenaza de que sea privado de libertad de locomoción, dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público a instancia de Elena Márquez Márquez, por la presunta comisión del delito de estelionato, toda vez que: a) La emisión del decreto de 11 de abril de 2019, que respecto a la solicitud de salidas médicas para trasladarse a Santa Cruz, señaló “…no habiendo ninguna restricción, ni alguna medida para que su persona se traslade de un departamento a otro proceda conforme se le recomendó médicamente, sin embargo debe también sujetarse a los datos del proceso, por cuanto se tiene ya señalada audiencia de medidas cautelares” (sic), le restringe a que pueda acceder a tratamientos médicos en la ciudad mencionada; y, b) La falta de diligenciamiento y no efectivizar el oficio al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) Santa Cruz, respecto de su solicitud de 10 de abril de 2018, de que esa institución emita informe médico legal y criterio especializado sobre su estado de salud.

Por los informes y certificados cursantes en obrados demostró su situación clínica, la autoridad judicial demandada tomó conocimiento que por recomendación médica, no puede asistir a su llamado para el 12 de abril de 2019; pero, por decreto de 11 de igual mes y año, le obliga a estar presente, pese a que fue de su conocimiento recién cuando se encontraba en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

El accionante denuncia vulneración de sus derechos a la vida, a la salud y a la libertad de locomoción, porque: a) No se dio curso a su solicitud de salidas médicas pese a que el Juez demandado conoce de su delicado estado de salud emitiendo el decreto de 11 de abril de 2019, por el cual restringe pueda acceder a tratamientos médicos en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra; b) No se efectivizaron los oficios al IDIF para que este dicte informe médico legal y criterio especializado sobre su estado de salud; c) No se suspendió la audiencia de medidas cautelares aunque se encontraba en la ciudad mencionada, por cuanto por su delicado estado de salud estaba imposibilitado de asistir a ciudad de Nuestra Señora de La Paz, que se encuentra a una altura superior a los 2000 m snm; y, d) Fue declarado rebelde por su inasistencia a la referida audiencia de medidas cautelares de 12 del mes y año citados, expidiéndose mandamiento de aprehensión en su contra sin tomar en cuenta los certificados médicos presentados que reflejan su delicado estado de salud.