SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0630/2020-S4

El 22 de abril de 2017, suscribió un contrato de alquiler de departamento con Angélica Estrella Gómez Salcedo, propietaria del inmueble ubicado en calle Max Paredes 972 de la zona Gran Poder de la ciudad de La Paz, con un canon mensual de Bs1 500.- (mil quinientos bolivianos); acordando también que la falta de pago de alquileres por dos meses consecutivos, daría lugar a la resolución del contrato, sin necesidad de requerimiento alguno; y, en cuanto a los servicios de agua potable y energía eléctrica, se acordó por el primero un pago mensual de Bs50.- (cincuenta bolivianos), y por el segundo, conforme al consumo que reportaría el medidor instalado específicamente para el departamento, no obstante ello y debido al elevado costo que representaba la electricidad, a los pocos meses del contrato se acordó con el portero del inmueble (Martín Álvarez Cerruto), quien dice ser el representante de la propietaria, también un pago fijo mensual de Bs50.- por este servicio, a cuyo efecto, dicha persona desconectó la conexión eléctrica del departamento con el medidor independiente, procediendo a conectarlo directamente al sistema general que el inmueble tenía, cuyas palancas e interruptores se ubicaban en la habitación del indicado portero, desde donde controlaba todo el inmueble.

Debido a problemas económicos que surgieron a raíz de la muerte de su madre y los gastos elevados que tuvo que enfrentar por la enfermedad de esta, se vio imposibilitado de honrar los pagos mensuales por el arrendamiento, lo que motivó que, el 21 de septiembre de 2019, los demandados intentaran de forma violenta derribar la puerta del departamento que ocupa, con el propósito de desalojarlo del mismo; sin embargo, al no haber conseguido su propósito, la propietaria ordenó al portero que le cortara el servicio de energía eléctrica, fecha desde la cual su familia no cuenta con tal servicio básico, todo ello con la finalidad de lograr que desocupe dicho ambiente.