SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0672/2020-S1

La Sala Constitucional del departamento de Pando, mediante Resolución 5/2020 de 24 de enero, cursante de fs. 36 a 38 vta., denegó la tutela solicitada, en base a los siguientes fundamentos: 1) En relación a la gratuidad de la justicia citó las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0043/2016 de 31 de mayo y   0310/2015-S1 de 27 de marzo, que a su vez invocó la SCP 1164/2013 de 2 de octubre y la SC 0361/2010-R de 22 de junio, que refieren: “(…) los litigantes no deben pagar ningún emolumento, sueldo o retribución alguna a los operadores de justicia porque es el Estado el que, al ser el encargado de dirimir las controversias, se hace cargo de tal retribución; sin embargo, el Estado no está obligado a correr con todos y cada uno de los gastos que derivan de la tramitación de un proceso, de manera que el litigante debe cubrir lo que demande la compra de timbres, papeles o formularios valorados, fianzas de resultas, multas por incumplimientos, y portes de remisión de cuadernos procesales a otro asiento judicial -por ejemplo de una provincia a la capital de departamento- y de un distrito u otro”; 2) Las resoluciones del Juez demandado no son contrarias a la normativa legal constitucional, ni a la línea de la jurisprudencia constitucional, dentro del marco de los principios procesales de dirección, celeridad, impulso procesal; el estándar medio de las multas no está establecido por la norma, es una actividad discrecional del Juez que tiene un límite, la norma administrativa lo establece y la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, crea una multa económica para el caso de “incomparecencia” del abogado hasta un máximo del 20% de un salario mínimo como sanción económica; 3) No se puede decir que se vulneró el principio de gratuidad, pues éste es un beneficio que se le da al litigante para acudir al Órgano Judicial y hacer uso de ese servicio de manera que no le resulte oneroso y se efectivice el mismo; y, 4) No concurre la subsidiariedad, debido a que en el sistema procesal penal las multas no admiten impugnación, la opción que tiene el procesado es de justificar su inasistencia, la norma no establece plazos y en cualquier momento lo podrá hacer; el Juez debe valorar si justificó o no y en su caso dejar sin efecto la rebeldía con todo lo que implica, en autos el recurrente obró de forma abusiva desproporcionada al no concurrir a las audiencias señaladas por la autoridad demandada; por lo que, la multa se originó debido a su inasistencia y declaratoria de rebeldía.