AUTO CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0011/2020-O

II.4.    El 14 de febrero de 2019, los Vocales demandados de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Auto de Vista 16, en observancia de la SCP 0099/2016-S2 y el Auto Constitucional precedentemente detallado, declararon admisible e improcedente la apelación restringida interpuesta por el hoy accionante, arguyendo que                  -sobre los puntos objeto del fallo constitucional y de la presente queja por incumplimiento-: 1) En relación a la denegación del ofrecimiento de pruebas: “…se evidencia que el Tribunal 5° de Sentencia en lo Penal se acomodó a lo que establece el procedimiento para esos casos…” (sic), de conformidad con sus facultades, sin que el acusado -hoy accionante- hubiera saneado el procedimiento  oportunamente, permitiendo precluir su derecho a reclamar; no obstante a que, en etapa preliminar “…en ningún momento se le ha negado (…) el derecho a generar sus pruebas (…) así lo establece claramente la S.C. N° 0099/2016 cuando se refiere al juicio oral y el plazo para presentar pruebas…” (sic), sin que le corresponda al Tribunal inferior demostrar si las pruebas ofrecidas son o no pertinentes; por lo que “…en la obtención de las pruebas de cargo no se ha evidenciado ninguna ilegalidad o restricción al derecho a la defensa e igualdad del acusado…” (sic); por otra parte, aclararon que respecto a los defectos de la sentencia en relación a la denegación de oficios, correspondía ratificar que si bien el derecho a la defensa era amplio, la producción de prueba debía realizarse en los tiempos y plazos establecidos en el procedimiento; en razón a que, el sistema acusatorio estaba diseñado por etapas, sin ser posible que el Tribunal inferior pueda producir pruebas en transgresión del principio de imparcialidad; 2) Sobre la coacción ilegal para prestar su declaración en juicio oral: La afirmación resultó infundada “…y sin sustento legal…” (sic), pues el Juez pudo ver en persona que el acusado a tiempo de prestar su declaración no demostraba ningún signo evidente de dolencia o enfermedad alguna; y, 3) Respecto a la separación de sus abogados defensores y la designación de defensor de oficio: Se estableció que el impetrante de tutela tenía dos abogados; por lo que, uno pudo estar presente en la audiencia de apelación y otro en la de juicio oral; asimismo, al no comunicar con anticipación que tenían otra audiencia y no presentarse al proceso, correspondía nombrar un defensor de oficio sin que ello haya implicado lesión en el derecho a la defensa del accionante;  finalmente, el Juez del Tribunal inferior no cometió ningún exceso al multar con un sueldo de un Juez a uno de los defensores del peticionante de tutela, pues así lo determinaba el art. 105 del Código de Procedimiento Penal (CPP), resultando inviable multar “…con Bs.-100 o 200 como pretende la defensa” (sic [fs. 1240 a 1249]).